El señor feudal de los micros y la delgada línea entre los derechos de unos y de otros

INFORME ESPECIAL

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Un conflicto que parece no tener fin. Corría octubre de 2016 la cuando comenzó la lucha de los trabajadores del transporte público propiedad de Osmar Corbelli , megaempresa que abarca las líneas Este y 520. En ese momento reclamaban la reincorporación de 30 choferes despedidos “de manera arbitraria”, el cumplimiento de las leyes laborales y la apertura de la mesa de elecciones de delegado para el gremio UTA, según decían voceros de los conductores.
Sentado en su gran trono “patronal” y como agitando el cetro, Corbelli obliga a sus empleados a trabajar 16 horas diarias, lo que pone en riesgo la salud y el descanso de los conductores y por ende, la integridad de los pasajeros, de dos líneas que tienen miles de usuarios. Un justo reclamo de los trabajadores y la incertidumbre y bronca de los que “se quedan a pie”.
Muchas voces se alzaron a favor del pedido de los trabajadores en aquel momento, porque comprendían la gravedad del asunto, por un lado la pérdida de fuentes de trabajo, la brutal represión de la que fueron blanco cuando manifestaban y del otro lado de la vereda, los usuarios dicen que no tienen manera de llegar a las escuelas y lugares de trabajo. Alegan que tomar automóviles de alquiler es muy oneroso, máxime en tiempos de crisis como la que se atraviesa.
Así fue como desde varios espacios políticos salieron a respaldar a los trabajadores. Desde el PO Ensenada, el dirigente Iván Knopoff había dicho “La huelga de los choferes ha puesto sobre la mesa la realidad en que se trabaja en los colectivos y la de los usuarios, en su enorme mayoría trabajadores y jóvenes que van a estudiar. Los conductores denunciaron que son obligados a trabajar 16 horas seguidas, y si se oponen son despedidos. A su vez los nuevos son mantenidos bajo contratos de absoluta precariedad”.
También el intendente de La Plata, Julio Garro salió a bancar la parada y a principios de noviembre manifestó “es un conflicto del que el Municipio es ajeno pero no quiere serlo y por eso acompaña el reclamo que me parece justo, pero también me resulta injusto que 70 mil personas no tengan movilidad y 15 mil chicos se queden sin poder ir al colegio”.
Y cuando parecía que el cielo se despejaba, porque el Tribunal de Trabajo Nº 1 dio respuesta a los tres puntos reclamados, reincorporar a los despedidos, poner freno a los atropellos laborales y la elección de delegados, sin sanciones para nadie, el empresario Omar Corbelli volvió a poner en riesgo el servicio de colectivos al incumplir los puntos principales del Acta-Acuerdo. Fue en ese momento que los choferes comenzaron a trabajar “a reglamento”, esto significaba circular a una velocidad de 40 kilómetros/hora y con 32 pasajeros sentados y un máximo de 15 personas paradas, en desacuerdo a la violencia laboral a la que estaban sometidos de manera habitual.
Llegó enero de 2017 y la dramática situación de los trabajadores iba “in crescendo” con nuevos despidos y fue el detonante para que uno de ellos, se encadenara frente a la empresa. Corbelli argumentaba que se trataba de una “reestructuración del personal”.
Sin variaciones, el primer trimestre del corriente año, miles de pasajeros de las líneas Este y 520 padecen complicaciones y demoras porque en una nueva medida de fuerza, los choferes aplicaron “retención de tareas” por tiempo indeterminado para exigir a la compañía el reintegro a planta de 9 trabajadores y mejoras tanto a nivel laboral como en lo referente a seguridad, mantenimiento e higiene de las unidades.
Como vienen denunciando desde octubre de 2016 “se está haciendo un desmantelamiento de la empresa echando “de a poco a los choferes, continúan los maltratos laborales”.
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