La plaga de los narcopolicías en foco por nuevas amenazas contra la gobernadora

*Por Jorge Joury.- ¿Son señales atemorizantes del narcotráfico, con la complicidad de la maldita policía?. La pregunta por ahora es una de las hipótesis más fuertes que recorre los despachos del Ministerio de Seguridad bonaerense.

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Allí se investiga la amenaza de muerte anónima que sufrieron hace unos días el presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal durante la visita a La Matanza. Los investigadores temen que este hecho forme parte de otro plan para meter miedo, a menos de 40 días de las elecciones de octubre. Ya son una cadena los actos intimidatorios que viene denunciando el gobierno bonaerense desde el año anterior. Hay quienes aseguran que en el frente de sospechas, la balanza se inclina hacia el accionar de los denominados narcopolicías, considerados una suerte de plaga dentro de la fuerza. Las últimas estadísticas alertan que dos efectivos son apartados a diario por sus vínculos con la mafia que regentea el oscuro negocio de la droga. Mientras tanto, hay todavía episodios que permanecen en la más absoluta nebulosa, como la intrusión de policías al despacho de la mandataria, el ingreso a la residencia del jefe de Gabinete, Federico Salvai y el incendio de los autos frente al Ministerio de Seguridad.

La historia arrancó en junio del año pasado, cuando el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, denunció en ese momento que dos policías habían sido encontrados revolviendo papeles en el despacho de la gobernadora y de su secretaria privada. El jefe de la custodia en ese momento fue desplazado.
Una semana después, llamativamente desconocidos entraron a la residencia del jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai, en pleno centro platense. Fue un simulacro de robo a título de mensaje mafioso. Revolvieron todo, pero no se llevaron nada. La justicia obtuvo una filmación donde se ve a personas ingresando a la vivienda, pero nunca logró identificarlas.
El último episodio fue el incendio de dos autos con bidones de nafta en las puertas del Ministerio de Seguridad durante la noche de terror del 24 de agosto pasado después de la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado. Ritondo lo calificó de “atentado”, pero tampoco hay detenidos por ahora, pese a que se habló con insistencia que estaba en foco un policía de la zona de Tigre. En total se relevaron 90 cámaras diseminadas por el lugar, ya que el Ministerio no tiene una propia en el sitio donde ocurrieron los hechos. Se encontró una filmación que muestra a dos jóvenes con capucha que caminan con bolsas que podrían contener los bidones. La calidad de la imagen es baja y no permite identificarlos, explicaron fuentes judiciales.
UN MAR DE UNIFORMES MANCHADOS
Tampoco se puede pasar por alto, el incendio intencional registrado el 12 de octubre del año pasado, contra el edifico del Tribunal Oral Federal (TOF) 3 de San Martín donde se tramitan causas por narcotráfico. En aquella oportunidad en la terraza de la propiedad ubicada en la calle Yapeyú 1922, se encontró un mensaje intimidatorio para la mandataria provincial en el que le advertían que “no se meta más” con San Martín y con la droga.
San Martín es considerado uno de los territorios narco más calientes del conurbano, donde está probado que la policía local tiene íntima relación con los jefes mafiosos.
En el Ministerio de Seguridad bonaerense tienen bajo la lupa cifras preocupantes. Señalan que en los primeros siete meses de este año aumentó 32% la cantidad de policías que fueron sancionados por estar implicados en tráfico de droga, actos de corrupción, apremios ilegales, robos o faltas graves, como perder el arma o negarse a cumplir órdenes.
Los datos mencionan que entre enero y julio de este año hubo 3.141 hombres fueron apartados, suspendidos o incluso detenidos. Se trata de 763 más casos que los notificados en el mismo período de 2016, cuando 2.378 uniformados recibieron alguna clase de sanción.
Desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 15 de agosto pasado se abrieron 15.080 sumarios. Como cada uno de esos expedientes involucra, por lo general, a más de dos efectivos, el número de investigados supera los 30 mil policías, es decir, más de un tercio de la fuerza, una cifra récord en la historia policial bonaerense. De ese mar de uniformes azules, 5.968 fueron apartados por distintas irregularidades.
Entre estos últimos figuran, por ejemplo, los jefes de la Dirección de Narcotráfico y Crimen Organizado de Avellaneda y Lanús que ocultaban droga en el cielorraso de la comisaría. Otros 1.411 fueron suspendidos en sus funciones y están señalados de amparar a bandas de piratas del asfalto, o fraguar los libros de actas de las comisarías para beneficiar a detenidos a cambio del pago de coimas.
UNA FUERTE SOCIEDAD CON LA DROGA
Hay otro dato fuerte que se está en la mira de la Dirección de Asuntos Internos y que disparó las alarmas. Tien e que ver con que al menos dos policías por día son separados de la fuerza por sus vinculaciones con el narcotráfico. Según cifras oficiales, desde que asumió María Eugenia Vidal, el Ministerio de Seguridad bonaerense tuvo que abrir sumarios para cuatro efectivos por día tras ser denunciados por vínculos con el negocio de la droga.
También pudo saberse, que el 14%, pertenecen al partido de La Matanza, el distrito que gobierna Verónica Magario y donde la ex presidenta Cristina Kirchner tuvo buena parte de su caudal electoral.
De la mano de Asuntos internos, se iniciaron 2.738 sumarios entre el 10 de diciembre de 2015 y el 31 de julio de 2017, y dio un promedio de 4,6 efectivos suspendidos por día. De ese número 1.020 agentes fueron apartados (un promedio de dos por día) y más de un 10% de ellos (126) fueron exonerados de la fuerza.
El dato es parte de un tema estructural para el gobierno bonaerense: la lucha contra el narcotráfico y las ramificaciones que se desprenden de su connivencia con la policía. Los agentes en la mira, son exclusivamente relacionados con “connivencia, protección, narcomenudeo o comercialización de estupefacientes”. Todos esos casos fueron llevados a la Justicia por el jefe de esa dependencia, el abogado Guillermo Berra, un hombre de suma confianza de Vidal, que comenzó a trabajar con ella en 2008 cuando era ministra de Desarrollo Social porteña en la primera gestión de Mauricio Macri.
CINCUENTA COMISARIOS DESPLAZADOS
Del mismo informe se desprende que fueron suspendidos 240 efectivos mientras que se detuvo a 85 agentes vinculados al narcotráfico. Llama la atención que el 40% de estos uniformados pertenecen a la tercera sección electoral, en el sur del conurbano bonaerense. La Matanza aparece encabezando la tabla, con el 14%, en segundo lugar con el 7% está Quilmes (gobernada por el chef de Cambiemos, Martiniano Molina), y luego tres distritos con el 6%: Almirante Brown y Lomas de Zamora, con jefes territoriales del peronismo kirchnerista, y Mar del Plata, cuyo intendente es Carlos Arroyo, un vecinalista que jugó en la boleta del oficialismo en 2015. En la lista también surgen Merlo y La Plata, con el 5% (donde gobierna un peronista y un oficialista respectivamente), y con el 4% Lanús y San Martín.
También hay que decir que, a raíz de estas causas, en Asuntos Internos se investigó el patrimonio de los agentes involucrados en casos de narcotráfico a través de un área especialmente creada para analizar declaraciones juradas. En este caqso, entraron en acción, contadores y abogados especialistas en lavado de dinero. Son más de 200 las investigaciones patrimoniales que están en foco. De éstas, 36 ya han sido denunciados a la Justicia y el resto, se está cruzando aún información con la AFIP y la UIF, la Unidad de Información Financiera.
 A partir de estos informes, se decidió desplazar a más de cincuenta comisarios que no habían presentado sus declaraciones juradas este año, a pesar de que están obligados por un decreto de Vidal. Los números hasta aquí, son determinantes para marcar el estado de descomposición en el que se encontraba la mayor fuerza de seguridad del país. Casi el 30% de los 95 mil efectivos que integran la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron sumariados, están presos o fueron despedidos por sus vinculaciones con el delito que deberían combatir. Los números hablan por sí solos.
*Jorge Joury es licenciado en Ciencias de la Información, graduado en la UNLP. Su correo electrónico es jorgejoury@gmail.com.


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