ATE denuncia un intento de privatización del PAMI

Grave denuncia del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE ante el intento de “privatización del PAMI”.

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Esta se basa en la Resolución 956/2017 del Interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales mediante la cual se creó la Fundación PAMI.

La entidad sacó un comunicado firmada por Hugo Cachorro Godoy, Secretario General de ATE Nacional, y las de las autoridades del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados del sindicato.

A continuación te mostramos el comunicado completo:

Es evidente que a partir de la Resolución 956/2007 del Interventor del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que crea la Fundación PAMI, se avanza en una reforma estructural del Instituto que se realiza en abierta violación de la ley vigente, de la propia Constitución, que afecta no solo su modelo prestacional, su organización laboral, su encuadramiento sindical sino primordialmente la calidad de las prestaciones de salud.

El propio Estado a través del Interventor del PAMI desconoce la naturaleza de persona pública no estatal del Instituto, dispone y pone en riesgo su patrimonio, la organización administrativa y laboral, como si fuera propio, tomando decisiones que exceden sus facultades, en desmedro de sus legítimos administradores (jubilados y trabajadores) y que por tanto son nulas de nulidad absoluta.

Ahora en la Provincia de Entre Ríos, ciudad de Gualeguaychú se celebra una acuerdo prestacional para atender a los jubilados a través de una prestadora de salud privada (Nativus SRL), fundada por el actual interventor del PAMI.

Venimos a denunciar que, con estas medidas, se avanza en una privatización encubierta de los servicios del PAMI, a través de una intervención de facto de la institución que tiene un claro conflicto de intereses, desnaturalizando sus funciones, en detrimento del derecho humano a la salud de sus beneficiarios, los jubilados y pensionados.

Reclamamos el inmediato cese de la Intervención del Instituto, de las medidas inconsultas que privatizan sus servicios, pone en riesgo su patrimonio y su inmediata normalización con la administración del PAMI, conforme el art. 14 bis de la Constitución Nacional, a través de los jubilados y trabajadores, elegidos en forma directa y democrática, con la participación del Estado.

 



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