Insólito: una familia de clase alta ocupó un cementerio en Brandsen y hay un juez en la mira

Se trata de una historia increíble, que data desde 1983, en la que un inmigrante italiano llamado Benito Gigi adquirió un terreno que por aquel entonces no tenía demasiado valor, pero en el que había depositado muchas expectativas pensando en un mega proyecto.

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Muni Largo

Pronto convocó a algunos inversionistas, pero sus ideas se fueron diluyendo, apoyado por la mano negra de la política.

Tal como informó el portal de noticias Realpolitik, en este contexto, desde la Municipalidad de Brandsen lo invitaron a colaborar con la comuna, modificando la intención original de Gigi: en lugar de construir un country, le propusieron instalar un cementerio privado en las 15 hectáreas del terreno, algo que finalmente se materializó en el año 1997.

Así surgió la sociedad “Parque de La Paz” como inicio al nuevo proyecto. Sin embargo, en 2004, las cosas cambiarían y, a pesar de estar todo dispuesto para comenzar a trabajar, el objetivo se complicó nuevamente. El italiano se enfermó y tuvo que ir a tratarse a su país de origen, donde finalmente se radicó definitivamente.

Un tiempo después, cuando Gigi regresó al país, se encontró con la sorpresa de que el cementerio que había planificado había sido usurpado el mismo año en que se fue de la Argentina. Según Realpolitik, una familia acomodada de Avellaneda y con vínculos con el poder, sobretodo judicial, había desarrollado en las 15 hectáreas un espacio en donde se encontraba una espléndida cancha de polo, entre otras cosas.

De la inauguración, incluso, formó parte Mirta Sargiotti, quien fuera intendenta interina ante la renuncia de Rubén Piazza. Pronto comenzaron las acciones, según lo asesorado por sus representantes legales, aunque la investigación nunca avanzó y en la actualidad, la causa que lleva la carátula de “usurpación de inmueble” se encuentra estancada en el Juzgado de Garantías Número 4.

Aquí aparece la figura de quien está a cargo, que es Juan Pablo Massi, que tal como informó Realpolitik, existirían cámaras ocultas que pondrían en tela de juicio su imparcial desempeño. Así, Miguel Ángel Torres Adrado se encuentra en posesión de un terreno del cual no tiene escritura, pero se ampara en el pago de los servicios durante los últimos ocho años para dar cuenta de su titularidad.

Fuente: Agencia Nova

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