Un ciudadano platense solicitó el inicio de un juicio político contra el presidente de la Sala III del Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Borinsky, al que acusa de prevaricato y abuso de autoridad por ordenar a jueces de primera instancia a liberar presos sin el respeto de la legislación vigente en abril del año pasado en el contexto del inicio de la pandemia del Covid 19.

El requerimiento del jury fue presentado por el abogado Darío Saldaño, quien representa al ciudadano Guillermo Oscar Plot, el que consideró que el magistrado fue clave para la excarcelación de más de cien detenidos de cárceles, alcaidías y comisarías bonaerenses, sin ningún tipo de control.

El pedido ya fue ratificado en la Secretaría de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios judiciales, es decir, ya tiene carátula y número de expediente. Saldaño explicó que el delito de Borinsky fue el de haber dictado resoluciones ilegales para poder liberar presos.

El letrado detalló que el juez resolvió un pedido de habeas corpus de la Defensoría de Casación el 21 de abril del año pasado y en su dictamen violó dos artículos del Código Procesal Penal.

De acuerdo al denunciante Borinsky violó los artículos 163, que estipula las condiciones de las morigeraciones de las detenciones, y el 431, el que se refiere lo que debe respetarse antes de suspender el cumplimiento de una pena.

El magistrado no declaró la inconstitucionalidad de las normas para el caso y dio una orden a los jueces de primera instancia de manera general, cuando debería haberse analizado en casos particulares.

El magistrado resolvió: “Rechazar el pedido de que este Tribunal asuma el monitoreo y evaluación de la ejecución del presente y el pedido efectuado por la Asociación Civil ‘Fortalecidos por el dolor’, de informar los nombres y causas de los detenidos que fueron o serán liberados”.

Por otra parte, dispuso: “Ampliar la resolución, haciendo saber a los jueces que deberán ejecutar inmediatamente las medidas liberatorias dispuestas de conformidad con los criterios establecidos en el presente, aunque el pronunciamiento que las dispone no hubiere adquirido firmeza y que deberán comunicar las mismas a las víctimas”.

Por estas irregularidades que podrían considerarse delitos, el vecino platense, quien está harto de la inseguridad, accionó para pedir que se inicie un proceso que podría culminar con la destitución del juez de Casación. Fuentes: lamovidaplatense.info y agencianova.com