Massa, Kicillof y la Bolsa de Cereales pelean por el fastuoso negocio del puerto de Quequén
La concesión de la Terminal Quequén SA, en el Puerto de Quequén, se ha convertido en un tema central. Axel Kicillof, gobernador bonaerense, está inmerso en negociaciones para definir el futuro de esta concesión clave, que maneja el 7% del comercio de granos del país.
Terminal Quequén SA, compuesta por Cofro, Bunge, y Vitemar, entre otros, opera bajo una concesión vencida desde 2021. Con Axel Kicillof extendiendo el plazo hasta noviembre de 2024, la disputa por esta extensión sigue causando tensiones en la política nacional.
El radicalismo y otros sectores de la derecha acusan a Kicillof de intentar apropiarse de recursos agrícolas para formar una empresa estatal. Sin embargo, el gobierno de Unión por la Patria niega cualquier intención de estatización, alegando que la discusión se centra en los términos de la nueva licitación.
Actualmente, Kicillof, el ministro de Producción Augusto Costa, y Jimena López, presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Quequén (CGPQ), están negociando con Terminal Quequén SA. Los términos de un nuevo contrato, que podría extenderse más allá de 2025, son el foco central.
Jimena López y el CGPQ, junto con entidades como la Bolsa de Cereales y cámaras patronales, juegan un papel crucial en estas negociaciones. La exigencia del gobierno provincial de reservar un 30% de las cargas para pequeños productores es un punto de conflicto.
La Asamblea por la Soberanía del Puerto de Quequén ha denunciado a Terminal Quequén SA por presuntos sobreprecios y evasión fiscal. Además, se discuten multas por 12 millones de dólares por obras no realizadas, un tema que sigue siendo debatido.
La cancelación de una reunión clave del CGPQ muestra la tensión creciente en estas negociaciones. Las cámaras patronales y otras entidades, junto con el massismo, están ejerciendo presión sobre Kicillof y Jimena López.
La Mesa de Enlace Regional, junto con la Bolsa de Cereales y otras sociedades rurales, han lanzado una campaña para defender los intereses de los grandes grupos cerealeros. Estos sectores también critican una tasa municipal impuesta a Terminal Quequén SA.
Terminal Quequén SA ha amenazado con paralizar las exportaciones a partir de septiembre debido a la incertidumbre en torno a la concesión. Además, la empresa ha planteado preocupaciones sobre el futuro de sus 120 trabajadores, sumando más presión a la situación.
La privatización del Puerto de Quequén, iniciada hace 30 años, ha sido objeto de controversia constante. Movimientos como la Asamblea por la Soberanía del Puerto han luchado contra lo que consideran una entrega del puerto a intereses privados.
Mientras que algunos sectores apoyan la propuesta de Kicillof de reservar cargas para pequeños productores, también exigen la estatización completa de la Terminal Quequén para recuperar el control de este recurso estratégico.
La nueva licitación, aún en proceso, sigue un esquema privatizador, lo que ha generado críticas similares a las recibidas por la gestión de Vicentin. La falta de un “puerto testigo” provincial sigue siendo un punto de discordia.
Jimena López, en su rol como presidenta del CGPQ, busca una solución negociada que concilie intereses con el complejo agroexportador. Sin embargo, su posición en la negociación es delicada debido a la influencia del massismo y las tensiones políticas internas.
Axel Kicillof, con aspiraciones presidenciales, enfrenta la presión de manejar esta crisis sin antagonizar con las poderosas patronales agrarias. Su fracaso con la planta de GNL ha dejado su liderazgo en una posición vulnerable.
La situación financiera de la provincia de Buenos Aires, agravada por vencimientos de deuda, complica aún más las negociaciones. Terminal Quequén SA utiliza esta crisis para presionar al gobierno, amenazando con interrumpir exportaciones.
La necesidad de una política nacional que termine con las privatizaciones portuarias y coloque los puertos bajo control estatal es evidente. Sin embargo, el gobierno peronista sigue enfrentando las complejidades de una crisis capitalista y la presión de los sectores libertarios.Ma
Este conflicto en Quequén refleja un dilema mayor: la necesidad de recuperar el control de recursos estratégicos frente a los intereses del gran capital. El desenlace de estas negociaciones marcará un hito en la política económica de la provincia.
