Cae Jorge Castillo, el Rey de La Salada

¿Qué escondía el empresario más conocido de La Salada en su casa de Open Door? Esa fue una de las preguntas que la Policía Federal buscó responder con un megaoperativo que terminó con la detención de Jorge Castillo, el empresario apodado como el Rey de La Salada, en el marco de una causa por asociación ilícita y lavado de dinero.

El operativo, liderado por la Policía Federal, incluyó 62 allanamientos simultáneos en Luján, Ciudad de Buenos Aires y otras localidades del conurbano. Según informaron fuentes judiciales, no solo arrestaron a Castillo, sino también a su esposa, su suegra y a Aldo Enrique Presa, un colaborador clave. En total, ya hay 20 personas detenidas y 22 pedidos de captura vigentes.

Entre lo incautado, se encontraron 41 vehículos de alta gama: camionetas 4x4, motos de lujo y autos de marcas como BMW, Audi, Ford y Toyota. Muchos de ellos fueron comprados en el último año. Si bien algunos estaban a nombre de Castillo, otros aparecieron en casas de su círculo cercano, por lo que se presume que podrían formar parte de la red investigada.

La causa está a cargo de la fiscal Cecilia Incardona, quien desde 2023 viene siguiendo la ruta financiera de la feria. Los investigadores descubrieron una red de 89 empresas y más de 160 personas que habrían participado de maniobras para blanquear dinero obtenido de la venta ilegal de ropa y el alquiler de más de 7.000 puestos en la feria.

Uno de los objetivos del operativo fue allanar la feria La Salada y su anexo Urkupiña, ambas en Lomas de Zamora. Aunque ese día no había actividad comercial, la fiscalía buscó documentación contable, registros bancarios y dispositivos electrónicos que puedan confirmar cómo operaba el entramado económico detrás del llamado “mercado negro más grande de Latinoamérica”.

Las cifras que maneja la Justicia son millonarias: solo la firma Punta Mogote SCA, principal operadora de la feria, movió más de 26 mil millones de pesos en efectivo entre 2021 y 2024. Otras dos empresas vinculadas, Unifap SA y Urkupiña SA, sumaron depósitos bancarios por más de 8 mil millones.

Para los investigadores, esto prueba que el negocio iba mucho más allá de la venta informal: detrás había una estructura organizada con empresas pantalla, testaferros y movimientos de fondos que buscaban ocultar el origen del dinero.

El arresto de Jorge Castillo marca un punto clave en la causa, pero no es el final. La Justicia sigue el rastro del dinero y apunta a desarticular todo el circuito ilegal que, durante años, operó a plena luz del día en el conurbano bonaerense.