¿Qué pasa cuando una persona mayor, con pocos ingresos, firma préstamos personales sin entender bien las condiciones? Lo que le pasó a María, una jubilada de 80 años, abre un debate clave sobre el sobreendeudamiento y la falta de control en el otorgamiento de créditos. La historia terminó en una indemnización millonaria y con un fallo que podría cambiar muchas cosas.

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El caso que llegó a la Justicia

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María, jubilada y pensionada, fue endeudándose cada vez más con préstamos personales que apenas podía pagar. Pidió los créditos porque su jubilación no le alcanzaba para cubrir los gastos básicos. Terminó con cuotas que se llevaban casi la mitad de sus ingresos.

Firmó papeles sin poder leerlos bien, sin recibir copias y sin entender cuánto estaba pagando realmente. Tiene educación primaria y aseguró que nunca comprendió del todo la operación, sobre todo por las refinanciaciones y las tasas altísimas.

Pese a eso, las empresas Cartasur Cards S.A. y Enpro S.R.L. siguieron dándole créditos. Tampoco evaluaron su capacidad real de pago. Eso fue clave: el fallo dijo que ningún análisis serio de crédito habría aprobado semejantes condiciones.

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Maltrato y falta de información

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Cuando María quiso entender qué debía y qué había firmado, su yerno pidió información, pero Cartasur nunca respondió. Después apareció Enpro, una empresa que se dedica a cobrar deudas. La contactaron por WhatsApp y por mail con mensajes que ella describió como amenazantes.

Tampoco obtuvo explicaciones claras. Solo más presión. Nunca le dieron los contratos ni los detalles de la deuda, aunque los pidió varias veces.

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Lo que resolvió la Justicia

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La Justicia analizó el caso y dictó un fallo histórico. Reconoció que la señora era una consumidora hipervulnerable: tenía ingresos bajos, educación básica y estaba completamente sobreendeudada.

El tribunal anuló los contratos, calificó de abusivo e ilegítimo el accionar de las empresas y las condenó a pagarle a María:

• $2.600.000 por daño moral

• $5.000.000 por daño punitivo

Además, ordenó que las firmas dejen de informarla como deudora en cualquier base de datos y, si ya lo hicieron, que lo corrijan en 48 horas una vez que la sentencia quede firme.

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¿Por qué es importante este fallo?

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Este caso deja un mensaje fuerte: no se pueden dar préstamos personales sin verificar si la persona realmente puede pagarlos. Y menos aún cuando se trata de una jubilada que no entiende bien lo que firma.

La Cámara Comercial dejó en claro que hubo un trato indigno y que los contratos eran nulos porque ni siquiera incluían los datos más básicos: tasas de interés, costos totales, ni el sistema de amortización.

El fallo marca un antes y un después para casos donde consumidores mayores o vulnerables terminan atrapados en deudas imposibles de pagar.

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¿Qué podés hacer si te pasa algo similar?

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Si sos jubilado o jubilada y estás en una situación parecida, podés pedir asesoramiento legal. Nadie puede obligarte a pagar una deuda que se construyó en base al abuso y la desinformación.