El 29 de julio de 2010, Carolina Piparo fue víctima de una violenta salidera bancaria en La Plata, cuando estaba embarazada de 39 semanas y acababa de retirar dinero para comprar su primera vivienda. Fue emboscada, golpeada y baleada frente a su casa. El disparo atravesó su rostro y se alojó en su pulmón derecho. A raíz del ataque, los médicos realizaron una cesárea de urgencia en el Hospital San Roque de Gonnet: su hijo, Isidro, nació con vida, pero falleció una semana después por falta de oxígeno.

El ataque fue perpetrado por una banda criminal organizada, identificada rápidamente gracias a una investigación que incluyó marcadores dentro del banco, seguimiento vehicular y violencia armada directa. El autor material del disparo fue Carlos Fabián Moreno, mientras que otros miembros ocuparon roles como logística, conducción y señalamiento dentro del banco.

En 2013, el Tribunal Oral Criminal N°2 de La Plata condenó a prisión perpetua a los cinco imputados, considerando la muerte de Isidro como un homicidio criminis causa. Sin embargo, en 2015, la Cámara de Casación Penal bonaerense redujo las penas a entre 23 y 25 años, argumentando un cambio de calificación legal. Este giro judicial generó indignación pública y puso en cuestión el tratamiento legal de la vida intrauterina en casos de violencia criminal.

Quince años después, todos los condenados siguen presos, pero algunos ya podrían acceder en pocos años a beneficios como salidas transitorias, según lo establece la Ley de Ejecución Penal Bonaerense. Uno de ellos, Miguel “Pimienta” Silva, el marcador en el banco, murió en 2018 tras recibir prisión domiciliaria por razones de salud.

Piparo, por su parte, convirtió su tragedia en una plataforma de acción política. Estudió derecho penal, se involucró en asociaciones de víctimas y fue diputada provincial y nacional. Su bandera: que “el que las hace, las paga”. El caso impulsó cambios en los protocolos de seguridad bancaria y encendió el debate sobre el lugar de las víctimas en el sistema judicial argentino.

A pesar del tiempo, Carolina afirma: “No los odio, pero tampoco los perdono”. El interrogante que la acompaña desde entonces sigue sin respuesta: “¿Por qué disparó?”.

El caso Piparo no solo expuso el horror de una violencia sin sentido, sino que también generó un quiebre político y judicial, con consecuencias visibles hasta hoy. Es un símbolo de impunidad, memoria y lucha, que aún interpela a la justicia y al Estado.