La madrugada del martes 22 de julio fue una pesadilla para la familia Raimundi-Scheffer en el partido bonaerense de Punta Indio. Su bebé, Martín, nació de manera repentina en su hogar en un parto en cascada —un tipo de parto que ocurre súbitamente, sin tiempo para derivación médica—. Sin embargo, el drama no terminó con la emergencia: recién comenzaba un calvario institucional, sanitario y judicial que, a casi diez días, sigue sin respuestas claras.

Un parto inesperado y sin asistencia inmediata

Según relató Pablo Raimundi, padre del bebé, ante la inesperada situación llamaron por videollamada a un obstetra y luego al sistema de emergencias. La ambulancia tardó más de veinte minutos en llegar al domicilio. Para entonces, el recién nacido tenía una respiración casi nula. El doctor Hernán Encina, encargado de la Unidad Sanitaria local, fue quien asistió primero, verificó signos vitales y decidió el traslado urgente al hospital.

Una vez allí, el equipo —compuesto por una partera, una anestesista y enfermeras— cortó el cordón umbilical y trasladó al bebé a una sala separada. Cuarenta y cinco minutos después, a las 7:35, informaron el fallecimiento. “Hasta ese momento, dentro del dolor, todo parecía desarrollarse dentro de los parámetros de una situación crítica”, señaló Raimundi.

Raimundi, quien además es dirigente de la Unión Cívica Radical (UCR), reconstruyó que el hospital no contaba con médicos de guardia capacitados para emergencias neonatales. La atención estuvo a cargo de personal no especializado. Esto es especialmente grave si se considera que el hospital es de complejidad 2/3, lo que requiere por protocolo guardias con clínico, pediatra, ginecólogo y neonatólogo.

La falta de estos profesionales redujo drásticamente las posibilidades de sobrevida del bebé, algo que se habría podido evitar con una guardia médica completa, como corresponde por ley.

Irregularidades, encubrimientos y politización

Pero el desenlace más indignante llegó horas después. Mientras la familia intentaba tramitar el traslado del cuerpo a La Plata, comenzaron a enfrentarse a una serie de obstáculos administrativos. Las autoridades del hospital indicaron que no podían emitir el certificado de defunción porque no estaba acreditado el nacimiento.

“Rozaban la falta de respeto”, dijo Raimundi. En ese contexto, se judicializó el caso y el cuerpo fue sometido a una autopsia. El fiscal interviniente, de la Unidad Fiscal N.º 16, emitió oficios que contenían datos falsos, como el lugar del fallecimiento, y evitó especificar el lugar de inhumación. El bebé fue enterrado sin documentación en regla, “de manera ilegal”, según expresó el padre.

Además, los certificados de defunción fueron contradictorios: en uno se consigna que el bebé nació en la unidad sanitaria —donde nunca estuvo—, en otro, que lo hizo en el hospital. “Hay un claro encubrimiento. Están falsificando documentos públicos para desligar responsabilidades”, denunció el padre.

A las pocas horas del fallecimiento, llegaron al hospital el intendente David Angueira, el secretario de gobierno Gustavo Barbé, y otros funcionarios. Raimundi creyó que se trataba de un gesto de humanidad. Sin embargo, pronto percibió que la preocupación era más política que humanitaria. “No estaban ahí por el dolor, sino por el manejo político del caso”, sostuvo.

El propio intendente intercedió en las gestiones, y según relata Raimundi, se mantuvo en el hospital durante horas, incluso participando de reuniones con personal médico y judicial, en las que se discutía la certificación del fallecimiento.

Un reclamo por justicia y por verdad

Aún con el dolor latente, la familia decidió hacer público el caso. “Hoy mi hijo está de ilegal en el cementerio. No quiero que esto le pase a otra familia”, denunció Raimundi. El abogado de la familia ya presentó las rectificaciones necesarias ante la fiscalía, y el caso continúa abierto.

Desde distintos sectores de la comunidad ya se alzaron voces exigiendo una investigación seria, sanciones para los responsables médicos, administrativos y políticos, y la revisión completa del sistema de guardias del hospital de Punta Indio.

El dolor de una familia destrozada se mezcla con una verdad incómoda: la muerte de Martín no fue una tragedia inevitable, sino una consecuencia directa de la desidia estatal.