La reciente resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata marca un giro en la causa que involucra a Iván Tobar, dirigente de la UOCRA La Plata y figura central en la prolongada disputa gremial con Juan Pablo “Pata” Medina. El tribunal decidió reducir los cargos que pesaban sobre Tobar, al considerar que no hay pruebas suficientes para sostener su vinculación con una asociación ilícita, aunque mantiene la acusación por haber instigado la producción y difusión de un video intimidatorio dirigido a autoridades judiciales.

El material audiovisual, viralizado en agosto de 2021, contenía amenazas contra el juez Alejandro Esmoris y el fiscal Marcelo Molina, quienes estaban al frente del expediente que investigaba a Medina por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La hipótesis judicial indica que la maniobra habría intentado simular una amenaza proveniente del entorno de Medina, buscando así afectar su situación procesal.

Previo a la decisión de la Cámara, el juez federal Ernesto Kreplak había procesado a Tobar por amenazas agravadas con uso de armas y cometidas de forma anónima. Sin embargo, estos cargos fueron descartados por falta de pruebas objetivas y por la debilidad del testimonio de David “Tino” Alzogaray, exintegrante de la agrupación Blanca y Azul, quien señaló a Tobar como instigador dos años después de los hechos.

El fallo también benefició a otros involucrados, como Jonatan Osvaldo Ruiz, liberado por su participación secundaria, mientras que las prisiones preventivas de Alzogaray y Hugo Orlando Cisneros fueron confirmadas.

Este caso se da en el contexto de la fuerte interna sindical por el control de la UOCRA local, que desde 2017 enfrenta a los sectores de Medina y Tobar. Recientemente, una movilización por "trabajo digno" encabezada por Cristian “Puly” Medina y Braian Medina —hijo y sobrino del “Pata”— reflejó la tensión vigente, mientras avanza el proceso de normalización y llamado a elecciones dentro del gremio.

Aunque Tobar aún permanece detenido, la eliminación de los cargos más graves abre la puerta a un posible arresto domiciliario, mientras la causa judicial deberá enfocarse exclusivamente en la instigación al video intimidatorio, dejando de lado la teoría de una organización ilícita