En el medio de una serie de reclamos de parte de empleados y personal de admisión y permanencia de locales bailables de Malvinas Argentinas y Tigre, en las últimas horas se conoció otra grave denuncia que apunta a los representantes de SUTCAPRA contra los dueños de las empresas que contratan por noche o de forma permanente a los empleados.

 Sergio Búfalo, titular de la empresa de seguridad Pitbull SA, denunció ante la Justicia un episodio de extrema gravedad.

De acuerdo a lo expresado en sede judicial, el 15 de julio fue citado a una confitería de la localidad de Temperley por Marcelo Fernández (secretario adjunto de SUTCAPRA) y Cristian Rolón Gatti (secretario de organización del mismo gremio), quienes lo habrían presionado para que retire a su personal del convenio colectivo de la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) y los inscriba en el de SUTCAPRA.

De acuerdo a la denuncia (que tramita a través de la IPP N° PP-07-00-032586-25/00 del Ministerio Público Fiscal de Lomas de Zamora), los dirigentes sindicales lo habrían amenazado con escraches, bloqueos de accesos y movilizaciones si no accedía. Búfalo sostiene que el convenio que aplica su empresa —el 507/07 de UPSRA— es el que corresponde por ley a la actividad, y que SUTCAPRA no tiene personería gremial fuera del partido de La Plata. Incluso afirma que registró en audio toda la conversación, material que aportará en la ampliación de la denuncia.

Este no sería el primer episodio de hostigamiento hacia Pitbull. En una causa anterior, la inspectora Mónica Parra de la delegación Lomas de Zamora del Ministerio de Trabajo bonaerense y el delegado Carlos Sidán de SUTCAPRA fueron denunciados por intentar obligar a la empresa a aplicar el convenio colectivo de SUTCAPRA, pese a que la organización carece de personería gremial fuera de La Plata.

Esa situación derivó en acusaciones contra Parra por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público, al intervenir en un ámbito para el que no tenía competencia y en coordinación con un sindicato sin representación legal en la jurisdicción.