En la recta final hacia las elecciones legislativas de octubre, el Gobierno concentra sus esfuerzos en sostener al dólar mayorista cerca de los $1.300, lejos del techo de la banda de flotación. La estrategia combina tasas de interés muy superiores a la inflación esperada, una fuerte esterilización de pesos y ajustes en encajes bancarios, con el objetivo de evitar sobresaltos cambiarios que puedan comprometer la estabilidad nominal de la economía.

El Tesoro validó tasas efectivas del 65% anual a 90 días, mientras que la inflación proyectada para los próximos doce meses se ubica apenas por encima del 20%. Esta brecha, que garantiza rendimientos reales elevados, busca desalentar la dolarización en el corto plazo. Sin embargo, implica un alto costo financiero que impacta en la renovación de deuda y en la actividad económica. De hecho, un 70% de las pymes manufactureras reportan estancamiento o caída en la producción, en un contexto de demanda débil.

A nivel monetario, la absorción es intensa: solo en la última semana, el Tesoro retiró $3,79 billones mediante una licitación de letras. En paralelo, el Banco Central endureció la política monetaria al subir encajes y reforzar controles de liquidez, lo que genera tensiones en el sistema financiero.

En el plano político, el presidente Javier Milei vetó iniciativas parlamentarias que, según advirtió, “comprometen el equilibrio fiscal”. Mientras tanto, la primera revisión del FMI trajo cierto alivio con el desembolso de USD 2.000 millones y una flexibilización en la meta de reservas, reduciendo presiones cambiarias.

Para los analistas, el verdadero desafío llegará después de los comicios: será necesario armonizar dólar y tasas en un esquema sostenible, con tasas reales más bajas y menor riesgo país. Hasta entonces, la política económica se sostiene en la discrecionalidad y en el tipo de cambio como ancla electoral contra la inflación, que ya acumula cuatro meses por debajo del 2% mensual.