¿Sabés qué está pasando con la salud mental en la Argentina y por qué cada vez más personas no encuentran atención? En el Congreso de la Nación, durante el Encuentro Federal por la crisis en la Salud Mental, representantes de 14 provincias, académicos, legisladores y organizaciones sociales alertaron sobre un desborde que crece desde 2019 y parece no tener fin.

El foco más crítico está en la provincia de Buenos Aires. Entre 2023 y el primer semestre de 2025, las consultas ambulatorias aumentaron un 134 % y las internaciones un 77 %. Niños y adolescentes son quienes más sufren: las internaciones menores de 18 años se duplicaron en cinco años, pasando de 3286 en 2019 a 7103 en 2024, y solo en el primer semestre de 2025 sumaron 1829. Incluso quienes tienen obra social o prepaga sienten el desborde del sistema. Y esto sin contar todas las personas que se atienden en centros municipales.

El informe presentado también alertó sobre un empeoramiento clínico: aumento de consumos problemáticos, autolesiones, intentos de suicidio y violencia, además de dificultades para dar altas por falta de redes de contención. A 12 años de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental, el abordaje comunitario sigue pobremente implementado, sostenido por trabajadores precarizados y pluriempleados. Programas clave como REMEDIAR Salud Mental sufrieron recortes de hasta 75 %, y la DADSE interrumpió la entrega de medicación a quienes la necesitan.

Julieta Calmels, subsecretaria bonaerense de la Dirección Provincial de Salud Mental, resumió la situación: “El impacto de las políticas nacionales de ajuste afecta directamente la vida de las personas y su salud mental, generando síntomas que no siempre provienen de patologías, sino de determinantes sociales”.

Pero la crisis no es solo nacional. En la provincia de Buenos Aires, décadas de gobiernos peronistas muestran un saldo social preocupante: pobreza del 40,1 %, indigencia 9,7 % y más de 700.000 personas sin empleo. La desigualdad de género y la precarización laboral empeoran la situación, al igual que la crisis habitacional y la falta de servicios básicos en barrios populares. Todo esto alimenta el desborde de la salud mental.

El sistema de salud bonaerense, fragmentado entre Nación, Provincia y municipios, genera brechas enormes. Buscar un psicólogo o psiquiatra puede significar largas listas de espera y viajes de kilómetros, sobre todo para atención infanto-juvenil. Muchos pacientes nunca comienzan un tratamiento o lo abandonan, y los problemas se agravan: autolesiones, intentos de suicidio y consumo problemático de sustancias se vuelven cada vez más comunes.

La sobrecarga también afecta a los equipos de salud: profesionales pluriempleados, salarios bajos y contratos temporales limitan la calidad de atención. La Ley de Salud Mental sigue sin aplicarse plenamente, y los recursos disponibles son insuficientes frente a la creciente demanda.

Frente a esta situación, especialistas y referentes del Encuentro Federal proponen salidas de fondo: unificar el sistema de salud, garantizar medicamentos y atención de calidad, reducir la jornada laboral, reactivar obra pública y fortalecer redes comunitarias. Sin medidas estructurales, el desborde seguirá aumentando, y la crisis de salud mental continuará golpeando especialmente a los más jóvenes.