En tiempos en donde los discursos referidos a un supuesto cambio de paradigma habilitan a hablar en términos casi xenófobos y a dar por sentado cosas que en muchos casos no llegan a probarse, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, será intimada por el abogado de una familia de venezolanos que se vio envuelta en una causa de presunto lavado de activos que hasta el momento no pudo comprobarse.

Se trata de José Maurente, quien defiende a Emmanuel David Urdaneta, padre de una familia de City Bell compuesta por cuatro personas, de las cuales la mamá dio a luz a su segunda hija estando con prisión domiciliaria, sin la asistencia de su marido que permanece en un penal de Marcos Paz bajo el sistema de máxima seguridad, únicamente por ser primo lejano de un ciudadano venezolano con antecedentes en su país de origen.

Los Urdaneta huyeron de Venezuela para escapar del gobierno de Nicolás Maduro y poder vivir en mejores condiciones en La Plata. Allí pudieron comprar un dúplex (que aún están pagando) y trabajar como carpinteros y como empleados en un supermercado chino.

Según expresó el abogado, la investigación contra el primo de Guillermo Boscán Bracho se inició en 2023, cuando Bullrich ni siquiera ocupaba un cargo en el Ministerio de Seguridad, ya que el propio Javier Milei no había ganado las elecciones.

Sin embargo, con el propósito de mediatizar una causa sin pruebas sólidas, dio una conferencia de prensa en la cual aseguró que su cartera había desbaratado una banda de terroristas a la que llamó “El Tren de Aragua”.

Ninguno de los implicados en la investigación cuenta con antecedentes de terrorismo ni en Venezuela ni en Argentina, aunque se sospecha que el primo de Guillermo Bracho podría estar implicado en un presunto lavado de dinero.

“Vamos a pedir que salga a pedir disculpas públicas porque en su momento no tenía ninguna prueba para acusarlos de terrorismo y lo hizo. La causa que se investiga al primo de mi defendido es por presunto lavado de activos, pero la Ministra lo bautizó como ‘El Tren de Aragua’, dejando entrever que se trata de una banda de terroristas. Hoy cualquiera pone sus apellidos en Google y aparece algo que no pasó. Algo que no es”, explicó el letrado.

“La investigación no tiene sostén probatorio y presenta muchas oposiciones. La fiscalía se opuso al pedido de excarcelación y a todo lo que hemos planteado. Mi defendido está 23 horas encerrado y solo tiene una hora al día al sol. La Justicia, en este caso, dejó a una mujer sola en la casa con su hija de ocho años cuando estaba embarazada de 37 semanas. La tuve que trasladar yo al hospital para que pueda parir”, comentó.

Guillermo Boscán Bracho fue señalado por la justicia de Venezuela por un intento de robo a un supermercado, pero por los contrapuntos entre el gobierno de Maduro y el de Milei no existe pedido de extradición ni relaciones diplomáticas que permitan colaboración judicial entre ambos países.

“Entendemos que la Fiscalía o parte de la Justicia se siente presionada por los dichos de la Ministra para no acceder a la excarcelación. Crearon un mito con la calificación de ‘Tren de Aragua’ y están complicando los años de vida de una familia. Me he contactado con asociaciones de Derechos Humanos y se tomarán medidas. Se han violado los derechos de presunción de inocencia, los derechos de la niñez y hasta se podría configurar violencia de género contra la madre que tuvo que parir en absoluta desprotección y abandono”, concluyó.