¿Qué pasa cuando la persona que debería enseñar termina siendo protagonista de un escándalo? En los últimos días se conocieron dos casos que dejaron a toda la comunidad educativa en alerta: una docente filmada con una cámara oculta en pleno aula y otra condenada en Santa Fe. Ambos hechos pusieron sobre la mesa un tema incómodo: qué hacer cuando la confianza en quienes educan se rompe.

El primer episodio ocurrió en Victoria, Entre Ríos. Estudiantes del profesorado de Ciencias de la Educación sospechaban que alguien les robaba plata de sus bolsos. Para confirmarlo, dejaron un celular grabando en el aula. Lo que encontraron en el video sorprendió a todos: la profesora revisaba las carteras de sus alumnas y se llevaba dinero. Según detalló el jefe de Policía local, Martín Tello, el faltante rondaba los 2.000 pesos.

Las jóvenes hicieron la denuncia y entregaron el material al fiscal Jorge Gamal Taleb, que imputó a la mujer por hurto. Desde la Escuela Normal Superior “Osvaldo Magnasco” aclararon que fue un hecho aislado y que ya tomaron medidas disciplinarias. Aunque la docente no quedó detenida, deberá enfrentar el proceso judicial.

Pero no es el único caso que generó ruido en la región. En la provincia de Santa Fe, otra docente fue condenada por abandono y privación ilegítima de la libertad. Se trata de Aldana Ansaldi, una terapeuta de 36 años que dejó encerrados a tres chicos —dos con autismo y uno con síndrome de Down— en una ludoteca de San Lorenzo.

De acuerdo con la investigación del fiscal Maximiliano Nicosia Herrero, la mujer se retiró del lugar y los nenes quedaron solos durante 45 minutos, con la puerta cerrada con llave. Fueron los propios padres quienes lograron entrar con una barreta y rescatar a sus hijos.

La Justicia santafesina la condenó en marzo a dos años de prisión en suspenso y le prohibió ejercer la docencia por tres años. Durante el juicio abreviado, la acusada reconoció los hechos.

Ambas situaciones abren un debate: ¿cómo garantizar que las escuelas sean espacios seguros? Mientras las autoridades avanzan en los procesos judiciales y administrativos, las comunidades educativas reclaman que estos hechos no manchen la tarea de la gran mayoría de docentes que sí cumplen su rol con compromiso y responsabilidad.

Lo cierto es que los dos casos, en Entre Ríos y en Santa Fe, dejaron en evidencia algo que incomoda: cuando la confianza en el aula se rompe, la herida no es solo individual, también social.