El fallo del juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, que ordenó frenar la publicación de los audios atribuidos a Karina Milei, no solo reavivó el debate sobre la libertad de prensa y el blindaje judicial al oficialismo, sino que también puso en primer plano la fragilidad institucional de un magistrado cuestionado.

Actualmente, Maraniello enfrenta nueve denuncias en el Consejo de la Magistratura, de las cuales cinco corresponden a presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado. Según la documentación oficial, los cargos van desde abuso de poder, acoso laboral y sexual, hasta maltrato a empleados y uso indebido de recursos públicos.

La situación escaló al punto de que, desde septiembre de 2024, el gremio judicial debió exigir presencia policial permanente dentro del juzgado para garantizar la integridad de los trabajadores.

Los testimonios recogidos revelan patrones graves: acercamientos físicos no deseados, mensajes en redes sociales, comentarios sobre la vestimenta de las empleadas y represalias laborales tras rechazar avances personales.

Una de las denunciantes declaró haber sido forzada a mantener relaciones sexuales para frenar el hostigamiento, mientras otra relató que el maltrato la llevó a necesitar medicación, sufrir depresión e incluso tener pensamientos suicidas.

La Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres tomó declaración a las víctimas, y el expediente llegó al despacho de la jueza María Servini y del fiscal Carlos Stornelli, quienes evalúan la dimensión penal de los hechos.

Paralelamente, la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura analiza si las denuncias ameritan sanciones administrativas o su eventual remoción.

En este contexto, su intervención en el escándalo de los audios de Karina Milei aparece teñida de sospechas. El juez no solo favoreció al oficialismo al ordenar el cese inmediato de la difusión, sino que además dispuso medidas de fuerza contra medios de comunicación, en plena campaña electoral. Para el Gobierno, los audios responden a una “operación de inteligencia no institucional” con fines desestabilizadores. Para la oposición y sectores críticos, la decisión judicial expone el doble estándar de un magistrado que busca blindar al poder mientras enfrenta acusaciones de gravedad inédita.

El caso Maraniello refleja una doble crisis: la de un Poder Judicial atravesado por denuncias internas y la de un Gobierno en tensión electoral que recurre a jueces cuestionados para protegerse de filtraciones incómodas. El desenlace, aún en manos del Consejo de la Magistratura, podría marcar un precedente sobre los límites de la justicia cuando el magistrado está tan señalado como el fallo que dicta.