En la recta final hacia las elecciones bonaerenses, el Gobierno de Javier Milei eligió redoblar la estrategia de confrontación con el kirchnerismo, dejando en un segundo plano el escándalo por los audios de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El presidente y su círculo más estrecho se mostraron decididos a capitalizar los episodios de violencia que se produjeron en Moreno y en Lomas de Zamora, aun cuando voces internas advierten sobre los riesgos de esa apuesta.

Durante el acto de cierre en Moreno, Milei volvió a instalar la idea de un complot para asesinarlo, comparando incluso las agresiones sufridas con el asesinato del fiscal Alberto Nisman. El propio mandatario acusó al kirchnerismo de buscar su eliminación física, un mensaje amplificado en redes por la militancia libertaria. Para la Casa Rosada, esas imágenes de movileros heridos, pancartas violentas y forcejeos con la policía son funcionales: muestran al adversario como “energúmeno” y refuerzan la narrativa de la polarización.

Sin embargo, no todos dentro del oficialismo comparten la misma mirada. Algunos asesores advierten que, si la violencia escala, la responsabilidad recae en el Gobierno como garante del orden público. La historia reciente ofrece ejemplos de lo rápido que una situación callejera puede desmadrarse, generando consecuencias difíciles de controlar.

El trasfondo de esta estrategia es evidente: desviar la atención del caso Spagnuolo y las denuncias de coimas en ANDIS, un golpe político que había sacudido al oficialismo y que ahora quedó opacado por la agenda de la seguridad presidencial.

El dilema libertario es claro: la confrontación beneficia en el corto plazo, siempre que no se desborde. Si la violencia se torna inmanejable, la narrativa que hoy los fortalece podría convertirse en una pesada carga el día después de las urnas.