¿Qué pasó con la investigación que tiene en la mira al ex gobernador Jorge Capitanich? La causa por la supuesta entrega irregular de tierras en el Chaco sigue sumando capítulos y mantiene la atención puesta en lo que pueda resolver la Justicia Federal. El dato clave es que tanto Capitanich como la ex ministra de Ambiente y Desarrollo Territorial Sostenible, Marta Soneira, fueron citados a declarar, aunque eligieron hacerlo por escrito. El fiscal Carlos Amad anticipó que no descarta pedir el procesamiento de ambos.

La pregunta que muchos se hacen es simple: ¿qué se investiga y qué argumentan los acusados?

La acusación contra Capitanich y Soneira

Según la investigación, durante la última gestión provincial se habrían adjudicado tierras de manera irregular. El fiscal Amad señaló que “hay cosas que no cierran” y apuntó especialmente a casos vinculados con personas cercanas a la entonces ministra.

Capitanich, que declaró vía Zoom, no respondió preguntas. Su defensa presentó un escrito donde sostuvo que su rol fue únicamente ratificar adjudicaciones de más de 300 hectáreas, algo que definió como una obligación legal. Además, remarcó que en esos procesos participaban varios organismos de control.

Por su parte, Soneira también entregó un descargo por escrito y evitó las preguntas de la fiscalía.

El rol de la Justicia Federal

El fiscal Amad explicó que todavía falta cerrar la etapa de recolección de pruebas y testimonios. Una vez que todas las declaraciones estén incorporadas, analizará si corresponde avanzar con el procesamiento. Subrayó que lo importante será confrontar lo que dicen los acusados con la documentación recolectada.

La Cámara Federal de Apelaciones ya había rechazado un pedido de nulidad de la defensa, al considerar que el requerimiento de instrucción describía con detalle las conductas investigadas. Para las juezas, en esta etapa alcanza con que existan elementos que justifiquen mantener abierta la pesquisa.

La estrategia de la defensa

Capitanich insiste en que se trata de una persecución política en plena campaña electoral y calificó la acusación de “absurda”. Su defensa recordó que solo firmaba decretos de adjudicación porque la Ley 471-P lo exigía, sin margen para decidir discrecionalmente.

En la misma línea, la abogada defensora, Gloria Zalazar, señaló que no hay una descripción clara del delito y cuestionó el uso parcial de las pruebas. Sin embargo, estos planteos ya habían sido rechazados en instancias anteriores.

Qué viene ahora

La causa incluye a seis imputados y se investigan delitos como fraude a la administración pública, malversación de fondos, lavado de activos y abuso de autoridad. En el caso de Capitanich y Soneira, también se les atribuye la figura de enriquecimiento ilícito.

El fiscal dejó abierta la incógnita: “hay algo que no pueden explicar”, dijo en relación a los vínculos personales dentro de las adjudicaciones. Esa frase deja el suspenso sobre cómo seguirá el proceso.

Lo cierto es que, por ahora, la Justicia deberá definir si las defensas alcanzan para frenar la acusación o si se avanza con un procesamiento formal.