

¿Por qué una jueza que no está habilitada como abogada en Carolina del Norte tomó la decisión de liberar a un hombre con 14 arrestos previos? La respuesta a esa pregunta está en el centro del caso que terminó con la vida de Iryna Zarutska, una refugiada ucraniana que buscaba un futuro mejor en Estados Unidos.
La figura de Teresa Stokes genera polémica porque fue ella quien decidió otorgarle la libertad a Decarlos Brown Jr., hoy acusado por el brutal crimen. Lo hizo sin pedir fianza en efectivo y confiando únicamente en una promesa por escrito de que el detenido iba a volver a presentarse en la corte.
El dato que llamó la atención es que Stokes no está calificada para ejercer como abogada en Carolina del Norte, según la base de datos estatal. Sin embargo, preside un tribunal de magistrados. ¿Cómo es posible? Una ley local permite que quienes cumplen con un título universitario de cuatro años puedan asumir como jueces, sin necesidad de contar con matrícula profesional de abogacía.
Este vacío legal explica cómo alguien sin formación específica pudo tomar una decisión clave en la liberación de Brown.
El prontuario de Decarlos Brown es extenso. Fue arrestado 14 veces. Entre los antecedentes figuran robo con arma, posesión de armas de fuego y agresión física, incluso contra su propia hermana. En 2014, recibió una condena de cinco años de prisión. Su última detención, antes del asesinato, fue por una llamada falsa al 911, donde denunció que le habían dado un “material sintético” que lo controlaba.
A pesar de estos antecedentes, la jueza decidió liberarlo sin imponer condiciones.
La víctima, Iryna Zarutska, había escapado de la guerra en Ucrania y se encontraba en Estados Unidos buscando seguridad. Fue atacada en un tren: Brown la apuñaló en la garganta por detrás mientras viajaba sentada. El ataque fue tan sorpresivo que nadie logró reaccionar a tiempo para ayudarla.
El asesinato conmocionó tanto por la brutalidad como por la cadena de errores judiciales que lo hicieron posible.
El caso no quedó solo en el terreno judicial. El expresidente Donald Trump pidió que se aplique la pena de muerte contra Brown a nivel federal. Además, legisladores republicanos de Carolina del Norte reclamaron que Teresa Stokes enfrente un juicio político por su rol en el caso.
El debate abierto gira en torno a la responsabilidad de una jueza sin licencia de abogada y al funcionamiento de un sistema que permitió que un criminal con semejante historial estuviera en libertad.