El 7 de octubre, la tensión llegará al corazón del sector energético: trabajadores de Camuzzi marcharán hacia la sede del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS). Ese mismo día, se realizará la audiencia pública clave para extender por dos décadas la concesión de Camuzzi Gas del Sur, una de las dos licencias con las que opera la compañía.

La protesta fue confirmada por Pablo Van Den Heuvel, secretario general de STIGAS Bahía Blanca y dirigente de FETIGNRA, quien denunció: “Nunca ganaron tanto y, sin embargo, se niegan a actualizar los adicionales y las sumas no remunerativas”.

Lo que agrava el conflicto es que Camuzzi no atraviesa un momento de crisis económica, sino todo lo contrario. Tras la Revisión Tarifaria Quinquenal (RTQ), la empresa recompuso ingresos y su CEO, Hernán Pardo, anunció recientemente inversiones por 140 millones de dólares.

Sin embargo, los trabajadores remarcan que mientras la compañía muestra resultados positivos y asegura su continuidad como concesionaria, los adicionales como refrigerio y viáticos permanecen congelados desde hace un año. La falta de actualización en estas sumas impacta directamente en el poder adquisitivo de empleados que sostienen diariamente un servicio esencial.

Bajo el mando de Alejandro Mcfarlane, Camuzzi funciona como una sola empresa pero maneja dos concesiones: Camuzzi Pampeana, que cubre casi toda la provincia de Buenos Aires y La Pampa, y Gas del Sur, que abarca la Patagonia. Entre ambas atienden a más de 1,4 millones de clientes, lo que la convierte en la tercera distribuidora de gas del país y la que controla el 45% del territorio nacional.

El contraste es evidente: mientras el Estado habilita prórrogas de 20 años, la compañía abandona la discusión paritaria y mantiene una política que los sindicatos califican como “provocación deliberada”.

El conflicto no solo pasa por los sueldos. En julio pasado, Camuzzi quedó bajo la lupa por el corte abrupto de gas en Mar del Plata, que obligó a suspender clases y actividades. Los propios trabajadores denunciaron que la crisis fue consecuencia de falta de inversión en las redes, algo inadmisible para una empresa que dice estar en condiciones de sostener la concesión hasta mediados de siglo.

Camuzzi se presenta como un jugador indispensable del sistema energético argentino, pero su realidad muestra otra cara: balances exitosos para los directivos y precarización para quienes sostienen el servicio.

Mientras busca extender por dos décadas más su poder sobre gran parte del territorio nacional, los trabajadores denuncian que la empresa avanza en un modelo que prioriza rentabilidad y concesiones por sobre salarios, derechos laborales e inversión en infraestructura.

En esta disputa, la máscara de la eficiencia empresarial se derrumba y deja al descubierto un mecanismo de ajuste encubierto: congelar los ingresos de los trabajadores mientras se consolidan negocios millonarios.