

El Senado de la Nación tendrá esta semana un rol central al tratar la reversión del veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. La sesión, prevista para el jueves, se perfila como una de las más relevantes del año y podría cerrar el recorrido parlamentario iniciado en Diputados, donde la oposición logró una amplia mayoría.
La Cámara baja sancionó la norma con 174 votos a favor, 62 en contra y dos abstenciones, superando cómodamente los dos tercios necesarios. Si el Senado confirma la decisión, el Poder Ejecutivo tendrá 10 días hábiles para promulgarla.
El proyecto, impulsado por rectores y asociaciones académicas, garantiza fondos para funcionamiento, becas y desarrollo científico. También prevé la reapertura de paritarias y la creación de una caja de $10.000 millones actualizable por IPC para impulsar carreras estratégicas.
De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), su aplicación en 2025 tendría un costo de $1,96 billones, equivalente al 0,23% del PBI.
El Senado también debatirá el proyecto de emergencia pediátrica, impulsado por trabajadores del Hospital Garrahan. La iniciativa contempla prioridad presupuestaria por un año para insumos, recomposición salarial y la derogación de la Resolución N°2.109/25 que modificó el sistema de residencias médicas. Su impacto económico se calcula en $133.433 millones anuales.
Ambos temas tensionan la relación del Gobierno con la oposición y anticipan un escenario complejo a semanas de las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La Asociación de Docentes Universitarios de la UNLP (ADULP) llamó a los senadores a respaldar la norma. En un comunicado, remarcaron que la educación pública, gratuita y de calidad depende de este financiamiento para consolidarse.
Pidieron especialmente por la recomposición salarial, la ampliación de becas y un mayor presupuesto. “La educación superior necesita esta Ley para garantizar su funcionamiento y proteger a las universidades, la ciencia y la tecnología como motores del desarrollo argentino”, subrayaron.