El hecho ocurrió entre el 19 y el 24 de septiembre de 2025. Las tres jóvenes salieron con supuestas invitaciones a una fiesta, pero terminaron engañadas, llevadas a un domicilio en Florencio Varela y sometidas a torturas brutales. Las investigaciones de la fiscalía argentina indican que la más joven, Lara (15 años), sufrió cortes en sus dedos mientras aún vivía, y que toda la agresión fue transmitida en vivo a un grupo cerrado de redes sociales como “advertencia” o método de disciplina interna entre bandas.

Las víctimas fueron enterradas en una fosa cavada, cubiertas con mantas, piedras y cemento. En el lugar donde las hallaron, las paredes estaban siendo limpiadas con abundante lejía y desinfectantes, según relato policial.

Estos hechos provocaron gran repudio y movilizaciones en Argentina bajo el paraguas de “Ni Una Menos” y pedidos intensos de justicia.

Desde el momento en que se emitió la alerta, la estrategia de su captura combinó tecnología, inteligencia internacional y cooperación entre países. Pero un elemento sorprendente fue fundamental: el joven no cambió su chip telefónico. Fue precisamente ese descuido el que permitió a las fuerzas rastrear antenas y localizarlo en Perú. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, lo calificó como “algo muy rudimentario para un narco”.

El operativo de captura se desarrolló en Pucusana, un balneario costero al sur de Lima, donde Pequeño J se desplazaba oculto en un camión proveniente de Bolivia. En paralelo, fue arrestado su supuesto lugarteniente Matías Agustín Ozorio. Se informa que la operación fue coordinada entre la Policía Nacional del Perú, la Dirección de Antidrogas, Interpol Argentina y fuerzas de seguridad bonaerenses.

Perú confirmó oficialmente la captura y señaló que ambos prófugos serán sometidos a extradición hacia Argentina.

---

Su historia familiar: violencia heredada y discursos narco

---

Para entender la figura de Pequeño J es clave escarbar en su pasado y en la trama familiar que lo antecede. Su padre, Janhzen Valverde Rodríguez, fue un actor clave del submundo criminal de Trujillo. Era miembro de la banda conocida como “Los Injertos de Nuevo Jerusalén”, operando en La Esperanza, distrito marcado por tensiones territoriales entre bandas rivales.

En redes sociales caseras quedó registrado cómo Janhzen aparecía en videos disparando armas, consumiendo alcohol y exhibiendo su imagen como “bandido” frente a su hijo. Se dice que lo bautizó “Tony” en homenaje al personaje ficticio Tony Montana (de Caracortada), e incluso empleaba en redes el alias “Pablo Emilio Escobar”.

El 16 de diciembre de 2018, Janhzen fue asesinado por sicarios de una banda rival —recibió tres disparos en un ajuste de cuentas— cuando su hijo tenía apenas 13 años. Ese episodio dejó una marca simbólica en la vida juvenil de Tony: en redes sociales del padre publicó una frase que muchos interpretaron como juramento de venganza: “Esto no va a quedar así, si nadie hace nada yo mismo lo hago con pana y elegancia”.

Además, el apellido Valverde ya tenía asociación con delitos en Trujillo: sus hermanos (tíos de Tony) —Manuel (“Chuman”) y Luis (“Serranasho”)— aparecían en registros policiales por homicidio, extorsión y robo agravado.

Ese ecosistema familiar crudo, expuesto desde la infancia, habría sido caldo de cultivo para la identidad criminal de Tony: la mezcla de símbolo, violencia y territorialidad conformó su relato interno.

---

Redes digitales, pruebas y estrategia criminal

---

Un elemento central del caso es el uso de redes sociales como escenario del crimen. Las autoridades sostienen que el ataque fue transmitido en vivo hacia un grupo privado (más de 40 espectadores) con fines de humillación, advertencia o disciplina dentro de la organización. Ese contenido digital constituye una prueba de peso para los fiscales.

El crimen también exhibió una mezcla de métodos tradicionales: engaños para que las víctimas subieran a una furgoneta, traslado clandestino, asesinato meticuloso y enterramiento interno de restos. Pero la innovación criminal fue acompañar la tortura con difusión digital.

Por último, el error telefónico del fugitivo sumado a la cooperación internacional fue determinante: no cambiar de chip permitió seguir su rastro. El uso de alertas rojas de Interpol y el intercambio de información entre países redujo el espacio del encubrimiento.

La gravedad del caso y el perfil de las víctimas generaron repudio y movilización. La ciudadanía argentina exigió justicia en concentraciones masivas, que también se replicaron en distintas provincias.

Las familias de Brenda, Morena y Lara reclaman que el proceso avance con transparencia y que quienes participaron en todos los niveles del crimen sean juzgados con la máxima severidad. La fiscalía ya tipificó el hecho como homicidio calificado con alevosía, ensañamiento y por violencia de género.

---

Escenario de extradición y lo que sigue

---

Con la captura consumada, las autoridades de Perú anunciaron que iniciarán el trámite de extradición hacia Argentina para que Tony Janzen Valverde Victoriano responda ante la justicia bonaerense.

Dentro de pocas horas, se espera que ambos, Pequeño J y Ozorio, sean trasladados bajo custodia. En Argentina esperan que las investigaciones continúen con audiencias, recolección de pruebas digitales, peritajes y reconstrucción de la red criminal detrás del hecho.

Mientras, los fiscales deberán reconstruir con detalle quién ordenó cada paso: quién ideó el crimen, quién coordinó la logística, quién ejecutó y quién operó el streaming. El desafío es desmontar una estructura que aprovechó la frontera, el anonimato digital y el miedo como armas.

Este episodio sirve para destacar varias lecciones:

• La transnacionalidad del crimen moderno: rutas terrestres fronterizas, movimientos clandestinos y redes de apoyo en múltiples territorios.

• La fuerza y el costo del legado simbólico: cómo la violencia familiar y barrial puede moldear identidades criminales.

• El uso de lo digital como arma y prueba: transmisiones en vivo y grupos privados ya no son solo escaparates, sino herramientas de control y violencia.

• Que incluso los criminales mejor organizados pueden caer por errores sencillos (como no cambiar un chip).

• Que para la justicia y la investigación, la coordinación internacional y la trazabilidad digital son esenciales.

Este caso aún no termina. La detención de Pequeño J es un paso esencial, pero no suficiente. Quedan múltiples interrogantes —¿quién lo financió?, ¿qué rutas específicas usó?, ¿quiénes participaron del streaming?, ¿qué vínculos tenía con redes de tráfico de drogas?— y la justicia deberá responderlos con pruebas sólidas. Las víctimas merecen —y la sociedad exige— que no haya impunidad.