La esquina de 7 y 50 en La Plata, históricamente un nodo neurálgico de movilización política y social, volvió a vibrar con reclamos urgentes. Esta vez, el protagonismo lo tomó el colectivo Nosotras, que junto a organizaciones y familias de personas con discapacidad salió a la calle para denunciar lo que califican como un atropello del gobierno nacional a sus derechos fundamentales. La marcha no surge de un vacío: se inscribe en un contexto de incertidumbre y retrocesos legislativos que afectan directamente a uno de los sectores más vulnerables del país.

La promulgación de la Ley N° 27.793, bautizada como Ley de Emergencia en Discapacidad, había generado expectativas. La norma declaraba la emergencia hasta 2026, contemplaba pensiones no contributivas, actualización de aranceles y compensaciones a prestadores. Sin embargo, el decreto 681/2025 dejó en suspenso su implementación hasta que el Congreso defina las partidas presupuestarias.

Para Gabriela Troiano, presidenta de REDI, esta maniobra no es solo una demora administrativa, sino una vulneración abierta a los tratados internacionales. Lo dijo sin eufemismos: “El presidente Milei maltrata y obstaculiza el acceso a las personas con discapacidad de sus derechos en forma sistemática”. La indignación no solo se explica por el freno a la ley, sino también por los antecedentes: denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad y la persistente precariedad de las pensiones.

La situación se volvió más grave con la presentación del Presupuesto 2026, que prevé una reducción de 202.530 pensiones por discapacidad respecto de junio de 2025. Esto equivale a dejar fuera del sistema a casi un quinto de los beneficiarios actuales. La medida, denunciada por distintas organizaciones, significa no solo la pérdida de un ingreso mínimo –hoy de poco más de $224.000 mensuales– sino también la exclusión de programas vitales como Incluir Salud, que garantiza terapias, transporte y medicamentos.

La experiencia de personas como Alfredo Chávez, que desde abril vive con la amenaza de suspensión de su pensión por procesos de auditoría irregulares, refleja el drama cotidiano. El discurso oficial habla de “depurar irregularidades”, pero en la práctica se instala un sistema de incertidumbre permanente que deja a miles sin certezas sobre su subsistencia.

En este contexto, la movilización en La Plata simboliza mucho más que una protesta local: se trata de una respuesta política y social al vaciamiento de derechos. En el cruce de 7 y 50, donde confluyen colectivos, banderas de organizaciones de base y familias enteras con carteles improvisados, el grito es unánime: “Las personas con discapacidad no dan más”.

La elección del lugar no es casual. La Plata, capital bonaerense, es históricamente un territorio donde los reclamos sociales se vuelven visibles. Allí, las voces de madres, padres y jóvenes en sillas de ruedas se entremezclan con denuncias sobre la falta de presupuesto, la parálisis de expedientes y la ausencia de sensibilidad estatal. La protesta se hace eco de lo dicho por Troiano: la suspensión de la ley y el ajuste de pensiones no son medidas aisladas, sino parte de una estrategia de disciplinamiento económico que golpea a los sectores más vulnerables.