En Río Negro estalló un escándalo político tras la difusión de un informe que vincula al gobernador Alberto Weretilneck y a referentes libertarios cercanos al presidente Javier Milei con Fred Machado, un empresario acusado en causas internacionales por supuestas actividades vinculadas al narcotráfico.

La investigación señala que Machado habría financiado campañas políticas en la provincia y que incluso existieron viajes en aeronaves ligadas a su entorno que habrían servido como pantalla para operaciones poco claras. También se menciona que algunas designaciones en organismos públicos habrían favorecido a personas relacionadas con sus intereses, lo que alimenta sospechas sobre una posible influencia en estructuras estatales.

Por su parte, desde el entorno del gobernador se emitieron comunicados afirmando que no hay confirmaciones judiciales definitivas y que muchas de las acusaciones responden a “operaciones de prensa”. Alegan que las conexiones con Machado han sido exageradas o mal interpretadas.

Si bien desde el oficialismo rionegrino aseguran que se trata de operaciones mediáticas y remarcan que no existen pruebas judiciales firmes, la oposición exige explicaciones inmediatas y reclama que la justicia federal avance en la recopilación de documentos financieros y registros de vuelos.
La Justicia Federal, en tanto, habría empezado a recabar documentos bancarios, declaraciones de testigos y trazabilidad de los vuelos implicados. Algunos sectores reclaman que se cite con urgencia al gobernador como testigo o imputado, para dirimir responsabilidades cuanto antes.

El caso ya tuvo repercusión nacional porque pone bajo la lupa las alianzas políticas en las provincias y abre interrogantes sobre el nivel de control que el Estado ejerce en su propio territorio. La causa todavía está en etapa preliminar, pero el impacto político es inmediato: en medio del año electoral, este episodio podría modificar candidaturas y realinear fuerzas tanto en Río Negro como en la escena nacional.