En la séptima sesión ordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Berisso, realizada este mediodía, se concretó la designación de María Azul Lamoglie como nueva jueza de Faltas municipal. El pliego fue aprobado por 17 votos afirmativos contra 3 negativos. La postulación reunió el respaldo del bloque oficialista, de La Libertad Avanza y de los concejales Natalia Moracci, Daniel Del Curto y Maximiliano Fernández. En cambio, los concejales Patricio Yalet, Gimena Carvajal y Matías Nanni se expresaron en contra.

El debate fue tempestuoso, con cuestionamientos cruzados sobre la legalidad del proceso y la transparencia institucional. Para el bloque de Juntos, la designación de Lamoglie confirma lo que consideran un patrón recurrente: decisiones estratégicas del Ejecutivo con escasa participación ciudadana y poco control del Concejo.

Críticas desde la oposición:

Matías Nanni enfatizó la urgencia de establecer un Consejo de la Magistratura Municipal que instrumente concursos públicos para estas designaciones: “No podemos acompañar una designación sin ese marco de transparencia; debemos fortalecer las instituciones y dar credibilidad a los ciudadanos con procesos abiertos”, sostuvo.

Para èl junto a sus compañeros de bancada; Yalet y Carvajal, la designación evidencia una lógica de favoritismo político: que se haya elegido a una profesional con escasa radicación local y sin historial en el municipio, según denuncian, bajo presión del Ejecutivo, profundiza un patrón de discrecionalidad con el sello de Cagliardi.

La jugada política detrás del expediente:

Desde Primera Página la primicia puso, la situación para la gestiòn municipal en ribetes internos. El anterior titular del Juzgado de Faltas N°1, Jorge Troncoso, habría sido apartado mediante un “pedido de jubilación anticipada” que algunos interpretan como un despido encubierto, lo que generó un vacío de poder en el área. 

La sorpresa política se dio cuando, luego de especularse con que el cargo recayera en la abogada Aldana Iovanovich (considerada cercana al intendente), finalmente el Ejecutivo impulsó a Lamoglie, una profesional proveniente de La Plata, sin conexiones políticas locales fuertes.

Esa elección no pasó desapercibida: para críticos municipales, reuniones y una relaciòn que en lo interno ya no es lo mismo que hace meses atràs. Esto constituye una señal de que Cagliardi no controla con la habitual solidez política los resortes internos de su propio espacio, pues optar por alguien ajeno al ambiente local —y no por sus candidatos de confianza— denota un desgaste de poder que antes no se veía. 

La defensa oficialista:

Desde el bloque oficialista, el concejal Gabriel Marotte defendió el proceso señalando que “se ajusta plenamente a la Ley Orgánica de las Municipalidades” y que no hubo desvíos respecto de lo que exige la normativa vigente. También manifestó que el debate sobre mecanismos de transparencia debe ser abierto, aunque prefirió desvincularlo de la sesión en curso.

Sin embargo, ese argumento no sedujo a la oposición: para los críticos, el uso de la ley como único fundamento legitima una práctica política concentradora, más que una voluntad genuina de institucionalidad.

La designación de Lamoglie como nueva jueza de Faltas no solo reaviva el debate sobre el funcionamiento institucional municipal, sino que se convierte en un termómetro político para la gestión de Cagliardi. Los votos en contra de Yalet, Carvajal y Nanni son la expresión en el Concejo de un reclamo de democracia interna, mecanismos de control y responsabilidad política que, según ellos, están ausentes en el modelo de gobierno actual.