En una resolución de notable rigor institucional, el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires emitió un fallo que marca un antes y un después en la fiscalización de los contratos municipales...

El caso reviste gravedad administrativa y política, ya que Cecaitra, presentada como una cámara empresarial, opera en los hechos como una empresa privada que instala radares, procesa infracciones y participa del cobro de multas, funciones que están fuera de su objeto social y de sus atribuciones legales.

El Tribunal destacó que Cecaitra no está habilitada por ARCA para facturar ni tributa IVA, Ganancias o Ingresos Brutos, lo cual contradice la naturaleza del negocio que sostiene. A pesar de ello, la asociación logró construir un esquema millonario en distintos municipios bonaerenses...

En su fallo, el Tribunal responsabilizó de manera directa al intendente Julio Zamora, a la contadora municipal Roxana Di Cola y al secretario de Hacienda, Guillermo Gómez, quienes deberán responder con su patrimonio personal por las irregularidades detectadas.

Cecaitra, conducida por Bernardino y Mariano García...

Finalmente, y tras la sentencia, el intendente Zamora anuló el contrato con Cecaitra y convocó una nueva licitación pública. Sin embargo, de forma llamativa, la misma entidad volvió a presentarse, aun sin contar con la estructura jurídica exigida.

El pronunciamiento del Tribunal constituye una advertencia firme sobre los límites de la discrecionalidad política en la gestión pública y la necesidad de preservar la legalidad en la contratación estatal, marcando un precedente clave en la rendición de cuentas municipal.