La situación es alarmante y exige respuestas claras: Alejandro Finocchiaro no solo fue ministro de Educación durante la gestión Mauricio Macri —cargo desde el cual debió proteger los derechos de los más vulnerables— sino que hoy aparece vinculado a denuncias gravísimas. En 2018, se presentó una acusación por violación cuando la presunta víctima tenía apenas 13 años.  Y un año después, en 2019, se denunció al mismo Finocchiaro por corrupción de menores, evidenciando un entramado inquietante.

Ante semejantes hechos, la reacción política debiera ser contundente. Pero ocurre lo contrario: en lugar de aislarlo, se lo incorpora en listas electoras dentro del oficialismo bonaerense sin que las voces que lo acompañan rindan cuentas. Esa actitud silenciosa —o directamente evasiva— revela una complicidad que trasciende lo moral: vulnera el pacto de confianza que una democracia debe sostener con sus ciudadanos.

Es indignante que alguien con ese nivel de denuncia sea considerado «apto» para representar al espacio gobernante. ¿Dónde está el escrutinio público? ¿Dónde la exigencia de transparencia? ¿Y sobre todo, dónde el compromiso de proteger a los más débiles en lugar de blindar intereses políticos?

La mínima demanda que cabe es que Finocchiaro rinda explicaciones públicas: ¿por qué sigue en el escenario político? ¿Qué acciones se tomaron frente a las denuncias? ¿Por qué el oficialismo no actúa con la firmeza que el cargo y la gravedad del caso imponen?

Esta omisión no es un simple error de cálculo: es una fractura institucional. Cuando el Estado permite que figuras señaladas por tales acusaciones permanezcan bajo su tutela, manda un mensaje devastador: que el poder se protege a sí mismo antes que a quienes debería servir. Y esa es una amenaza directa al Estado de derecho.

Las instituciones están para preservar la integridad pública, no para imperialismos partidarios que ignoran hechos graves. El autopoder del sistema político —su capacidad de decidir quién sigue y quién no— debe estar supeditado al imperativo ético de defender la dignidad humana. En este caso, cada silencio, cada omisión, es una derrota para la sociedad.