En medio de la conmoción por el doble femicidio ocurrido en Córdoba, el nombre de Pablo Laurta volvió a resonar con fuerza en los medios de Uruguay y Argentina. El hombre acusado de asesinar a su ex pareja y a su ex suegra, y de raptar a su hijo con la intención de huir hacia territorio uruguayo, no era un desconocido. Antes de protagonizar este crimen atroz, Laurta se había hecho visible como militante antifeminista y vocero del grupo “Varones Unidos”, un colectivo que promovía la idea de una “masculinidad positiva” y que cuestionaba la agenda de género desde una supuesta defensa de los “derechos de los hombres”.

El perfil público de Laurta se forjó en medios de comunicación uruguayos, donde participó activamente en debates sobre la ley integral de violencia de género. En diciembre de 2017, fue entrevistado en el programa Desayunos Informales de Canal 12, oportunidad en la que expresó que el proyecto “no respetaba el principio de igualdad ante la ley”. Según sus palabras, el texto legal “define dos leyes distintas para el mismo delito, dependiendo de si lo hace una mujer o si lo hace un hombre”. Esta postura fue un eje central del discurso antifeminista que luego llevaría al Parlamento.

En abril de 2022, Laurta llegó al Palacio Legislativo de Uruguay, presentado como un “empresario y especialista en gestión de medios digitales”. Durante su exposición, el ahora acusado de femicidio bromeó con su apariencia al definirse como “peludo, barbudo y con pinta de talibán”, desatando algunas risas. Sin embargo, su intervención pronto tomó un tono ideológico más profundo: denunció lo que llamó una “resignificación neomarxista de la democracia” y planteó que las nuevas luchas sociales se estructuran sobre “dicotomías” que oponen a grupos de oprimidos y opresores.

“Las mujeres oprimidas y los hombres opresores. Las trans oprimidas y los otros opresores. Los gordes oprimidos y las personas de cuerpos hegemónicos opresores. Llegamos al extremo de animales oprimidos y humanos opresores”, dijo entonces Laurta, dejando en claro su visión reaccionaria frente a los avances del movimiento feminista y de los derechos humanos.

El evento fue organizado por Varones Unidos, la agrupación que impulsó debates en redes sociales bajo una estética pseudoacadémica, y que llegó a influir en ciertos sectores de la política uruguaya. Entre los asistentes a esa exposición se encontraba Elsa Capillera, entonces diputada de Cabildo Abierto y hoy dirigente del Partido Colorado. Su presencia dio cuenta de cómo estos espacios lograron penetrar el ámbito institucional y proyectar su narrativa en la arena política.

En la página oficial del grupo, Laurta y sus seguidores proponían incorporar una “perspectiva masculina” en los debates sobre género, y utilizaban ejemplos mediáticos para sostener su ideología. Uno de los más mencionados era el caso de Mauro Icardi, presentado como “una víctima de discriminación judicial por ser varón”. Pero entre esas publicaciones destacaba otra, ahora estremecedora: “El caso Pedro Laurta: cómo la justicia feminista de Córdoba legitimó el secuestro internacional de un niño desde Uruguay entre amenazas y extorsiones”. Se trataba de una referencia directa a su propio conflicto familiar con su ex pareja, que años más tarde terminaría en tragedia.

Esa ironía trágica expone con crudeza cómo el discurso de odio y victimización masculina fue mutando hasta convertirse en un argumento justificatorio de la violencia. Laurta no sólo predicaba su visión de una sociedad dominada por mujeres “opresoras”, sino que vivía bajo esa lógica de enfrentamiento, hasta que su ideología desembocó en el crimen.

Hoy, detenido en Córdoba y a la espera de juicio, el caso de Pablo Laurta pone en evidencia la necesidad de revisar el papel de los discursos extremistas en la esfera pública. Lo que comenzó como un debate mediático sobre “equilibrio de derechos” terminó convirtiéndose en un capítulo sangriento de violencia de género, donde la prédica antifeminista se fundió con la tragedia personal.

El fenómeno obliga a una reflexión más amplia: ¿hasta qué punto el sistema político y mediático legitimó estos discursos? ¿Cuánto se toleró el negacionismo disfrazado de debate académico? Uruguay, un país con tradición democrática, deberá también revisar los espacios que cedió al odio, cuando quienes los ocuparon acabaron cruzando la frontera entre la palabra y la acción violenta.