El conflicto entre taxis y aplicaciones de transporte como Uber o Didi sigue ganando terreno en la región, y Berisso no es la excepción. La falta de una regulación efectiva, las diferencias económicas entre servicios y la ausencia de definiciones políticas generan un escenario de tensión que, en algunos casos, ya empieza a escalar hacia la violencia.

La denuncia de una vecina de Berisso, que aseguró haber sido perseguida y amenazada por un presunto taxista mientras intentaba estacionar en la zona de 9 y 165, vuelve a poner sobre la mesa una disputa que se profundiza en silencio: la tensión entre los trabajadores del volante y las plataformas digitales como Uber o Didi.

Según relató la víctima, el conductor la increpó creyendo que trabajaba con una aplicación de transporte. “Me comí el garrón de venir de laburar, que me amenacen, no poder llegar tranquila y encima tener que ir a la comisaría”, expresó indignada tras realizar la denuncia.

Aunque el caso parece aislado, en realidad se suma a una serie de episodios de hostigamiento similares registrados en los últimos meses en la ciudad. Situaciones que muestran una convivencia urbana cada vez más enrarecida, marcada por la competencia desleal y la falta de reglas claras

La grieta del transporte llega a las redes

La diputada nacional libertaria Lilia Lemoine se sumó al debate con su estilo habitual: a los gritos, desde Twitter. En un mensaje plagado de insultos, cuestionó la decisión del jefe comunal de sostener la prohibición de Uber, apelando incluso a sus raíces familiares en la ciudad. “Hola @fabiancagliardi, vos sos pelotudo? Mis abuelos llegaron de Ucrania a Berisso en 1950… ¡Cómo vas a hacer una cosa así, imbécil!”, escribió la legisladora, mezclando migración, libertad económica y desconocimiento de la normativa local.

El episodio dejó al descubierto un fenómeno repetido: la utilización de conflictos regionales como excusa para posicionamientos nacionales, sin aportar soluciones reales ni conocimiento del territorio.

Una postal del conflicto sin conducción

El caso de la vecina perseguida no es solo una anécdota policial: es el reflejo de un conflicto estructural que Berisso comparte con buena parte del país. Una disputa que expone la falta de actualización normativa, la lentitud del ejecutivo municipal para mediar y el riesgo de que la violencia callejera sustituya al debate político.

Mientras tanto, los discursos se cruzan, las aplicaciones siguen operando de manera informal y el transporte en la ciudad se convierte —una vez más— en un espejo del desorden que caracteriza a las decisiones públicas en la región.