Este lunes, familiares y amigos de Leandro Ignacio Altamiranda, el sargento de la Policía Bonaerense detenido en el marco de la causa por torturas en la Comisaría 2ª de Ensenada, realizaron una jornada de reclamo en la Plaza 17 de Octubre de Berisso. Con carteles y mensajes pidiendo “Justicia por Leandro”, los manifestantes exigieron su liberación y denunciaron irregularidades en el proceso judicial.

La madre del efectivo, Nora Fernández, tomó la palabra frente a los presentes y relató los episodios que derivaron en la detención de su hijo, a quien describió como “un policía ejemplar, con una conducta intachable y sin antecedentes disciplinarios”.

Un caso con grietas y pruebas ausentes

El hecho que originó la causa ocurrió la madrugada del 21 de octubre de 2024, cuando un grupo de detenidos en la Comisaría 2ª de Ensenada inició un reclamo por las condiciones inhumanas de encierro. La situación derivó en un violento motín y, tras la intervención policial, varios internos denunciaron haber sido víctimas de torturas.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó la denuncia que dio inicio a la investigación judicial. Como resultado, fueron detenidos cinco efectivos: la subcomisaria Adriana Cecilia Ponce, el subcomisario Ángel Daniel Barrientos, el sargento Leandro Altamiranda, y los policías Oscar Castillo y Sergio Aguilar.

Los hechos por los que fueron imputados ocurrieron la madrugada del 21 de octubre de 2024. Según el requerimiento de detención presentado por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic, ante una protesta de los detenidos por las condiciones de detención, los efectivos de la policía bonaerense ingresaron en la zona de calabozos y desataron una “excesiva y desproporcionada” represión

Sin embargo, según la defensa de Altamiranda, el expediente está plagado de inconsistencias. En primer lugar, las grabaciones de las cámaras de seguridad del interior de la comisaría nunca fueron incorporadas a la causa, a pesar de haber pasado más de cinco meses entre el hecho y la detención del efectivo.

Otro de los puntos más controversiales del expediente es la imputación por falsedad ideológica. Tras una prueba de identidad con m{as de 200 firmas realizadas por Leandro tanto con su mano izquierda como la derecha dio negativa a la acta labrada tras el motín. La cual habría sido adulterada para justificar la represión, describiendo falsamente un intento de fuga y la presencia de armas caseras entre los detenidos.

No obstante, la defensa sostiene que Altamiranda nunca firmó ese documento. Una pericia caligráfica solicitada por su abogado habría determinado que la firma que figura en el acta no pertenece al sargento, lo que refuerza el pedido de sobreseimiento presentado ante el Juzgado de Garantías N°2 de La Plata.

La madre del policía también buscó respuestas en el ámbito político. En un encuentro con el intendente de Ensenada, Mario Secco, le solicitó acceso a las cámaras de seguridad municipales instaladas frente a la comisaría, aunque no obtuvo resultados concretos. “nos atendió muy bien eso, pero digo no estar al tanto del tema. Y nos derivo con el secretario de seguridad de Ensenada”, relató Fernández.

Ante la falta de avances, la familia convocó a una nueva manifestación para este miércoles frente a la Legislatura bonaerense, en calle 8 entre 56 y 57, donde volverán a reclamar por la liberación del sargento y la revisión del expediente.

Un caso que expone la crisis del sistema

Más allá de la situación puntual de Altamiranda, el episodio volvió a exponer las profundas falencias del sistema penitenciario y policial bonaerense: calabozos colapsados, condiciones laborales extremas para los agentes y un circuito judicial que, según denuncian los familiares, “carece de transparencia y rigor probatorio”.

Mientras la investigación continúa, el caso de Leandro Altamiranda divide opiniones dentro de la fuerza y genera un nuevo foco de tensión entre los organismos de derechos humanos y los familiares de los efectivos implicados.