Un nuevo capítulo de controversia golpea al gobierno de Javier Milei. En los últimos días funcionarios del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, habrían hecho circular un formulario entre empleados públicos para que se registren como fiscales partidarios de La Libertad Avanza de cara a las próximas elecciones.

La denuncia, calificada por los trabajadores como un “apriete inédito”, apunta a que la participación no era voluntaria, sino presentada como una “obligación moral” hacia el proyecto político del presidente. De confirmarse, se trataría de un acto de coacción que vulnera derechos laborales y principios básicos de la función pública.

El hecho resulta particularmente grave por el contexto: el propio Milei había impulsado en 2024 la Ley 1084, que pretendía “despolitizar la administración pública” y sancionar cualquier intento de utilización del Estado con fines partidarios. Sin embargo, el gobierno libertario parece incurrir en la misma práctica que prometió erradicar: el uso del aparato estatal como brazo electoral.

Más allá de la veracidad formal del documento, el episodio desnuda una contradicción estructural en el discurso del mandatario. Mientras condena el “clientelismo” y asegura querer “achicar el Estado”, las denuncias revelan un modelo que disciplinaría a los trabajadores públicos y condicionaría su libertad política.

Desde el plano ético y político, la situación deja en evidencia el doble estándar del gobierno: Milei cuestiona a los partidos tradicionales por el uso de recursos públicos, pero reproduce las mismas lógicas de poder, utilizando el miedo y la presión para sostener su estructura electoral.

El supuesto pedido de fiscalización no sólo tensiona la relación entre el Ejecutivo y su propio personal, sino que además erosiona la credibilidad de un presidente que se presenta como símbolo del cambio. Si el Estado vuelve a ser un instrumento partidario, el proyecto libertario queda atrapado en la trampa que juró destruir.

A la espera de explicaciones oficiales por parte de la ministra Pettovello o del propio Milei, el caso reabre un debate profundo: ¿es posible hablar de libertad cuando el poder político utiliza la dependencia laboral como herramienta de control?