n 2023, el gobierno de Misiones presentó con orgullo un supuesto avance ambiental: un “bioherbicida” que prometía reemplazar el uso del glifosato en los campos de la provincia. La empresa detrás del desarrollo, Agro Sustentable S.A., fue impulsada por el oficialismo como una muestra de la transición hacia una producción más limpia y responsable. Sin embargo, la realidad terminó por contradecir el discurso.

Un informe técnico del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) reveló que el producto no cumplía con la función herbicida. Lejos de atacar las malezas, su composición química actuaba como insecticida, lo que provocó pérdidas inmediatas en las cosechas y el malestar de los productores que habían confiado en el programa.

Pese a las advertencias de especialistas y pruebas de campo fallidas, el Estado provincial compró y distribuyó el producto, profundizando el daño económico en la zona rural. Frente al creciente reclamo, el Ejecutivo decidió extender el uso del glifosato hasta 2030, reconociendo de forma tácita el fracaso del proyecto ambiental.

El caso tomó un giro más complejo cuando el medio Sección País publicó un informe que vinculó a Agro Sustentable S.A. con Ramiro Rovira, hijo del dirigente Carlos Rovira. Según la investigación, el empresario Joaquín Basanta, uno de los impulsores de la compañía, compartía vínculos societarios con el entorno familiar del poder político.

Así, lo que nació como un proyecto de sustentabilidad terminó convertido en un símbolo del fracaso institucional y de la falta de control en la gestión pública, dejando al descubierto la distancia entre el discurso ecológico y la realidad de la política provincial.