Por: Jonatan Anaquin

En un momento crítico para la educación superior pública argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) dio un paso decidido: las universidades públicas se proponen acudir a la justicia para exigir la plena vigencia de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario (Ley N.º 27.795). Esta acción surge de la constatación de que, aun tras su sanción por el Congreso, la norma permanece en la práctica suspendida por vía de un veto presidencial y no ejecutada por el Poder Ejecutivo.

El contexto es el siguiente: el proyecto legislativo, gestado con la participación del propio sistema universitario, fue aprobado por una amplia mayoría en ambas cámaras. El objetivo era claro: declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional, garantizar actualizaciones salariales para docentes y no docentes, y asegurar partidas de funcionamiento y financiación que intentaran aproximarse al 1 % del PBI.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, mediante el Decreto N.º 647/2025, vetó por completo la ley, alegando deficiencias en las fuentes de financiamiento. A partir de allí, las casas de altos estudios nacionales perciben un doble agravio: por un lado, se aprobó una ley que no se cumple; por otro, el deterioro presupuestario y salarial se agrava en un escenario de inflación elevada y fragilidad institucional.

El plenario del CIN, reunido de forma extraordinaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA), resolvió por unanimidad “tomar el posicionamiento político de exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, según palabras del presidente del CIN, Oscar Alpa.

Al mismo tiempo, el decano anfitrión, Leandro Vergara, enfatizó que “un decreto no puede suspender una ley”, y advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley”. Por su parte, el vicepresidente del CIN, Franco Bartolacci, cerró afirmando que “corresponde ahora recurrir a la justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”.

Las universidades públicas sostienen que la norma aprobada no es un capricho sectorial sino una respuesta responsable al deterioro del sistema: en su comunicado apuntan que “la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave”. En este sentido, reclaman que la ley se aplique tal como fue aprobada, sin excusas.
Al mismo tiempo, anticipan que solicitarán al Congreso Nacional que en la elaboración del Presupuesto 2026 se contemple como base los recursos previstos por la ley.

El conflicto no es solo jurídico o técnico, sino político e institucional: el veto presidencial pone en tensión no solo la financiación universitaria, sino principios básicos de división de poderes y gobernabilidad del sistema de educación pública.

Según los rectores, se abre una disputa sobre si el Ejecutivo puede dejar sin efecto una ley sancionada por el Congreso bajo el argumento de falta de financiamiento —y si ello precariza la autonomía universitaria, el derecho a la educación superior gratuita y el contrato social que mantiene el sistema universitario con la sociedad argentina.

Para dimensionar el impacto: el proyecto original de la ley estimaba un costo de alrededor de 1 billón de pesos para 2025. Para muchas instituciones, ya golpeadas por el ingreso que no sigue la inflación, las partidas de funcionamiento y de salario se encuentran en niveles críticos. En ese contexto, la decisión de acudir a la justicia representa para el CIN no solo un recurso técnico sino un gesto de defensa del funcionamiento del sistema más allá de la coyuntura.

Es importante reconocer algunos desafíos: acudir judicialmente al Poder Ejecutivo plantea interrogantes sobre los tiempos, la ejecución efectiva y la relación del Estado con las universidades autónomas. Además, el Gobierno argumenta que la ley aprobada no contenía una fuente de financiamiento suficientemente clara o garantizada, en línea con los principios de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional (Ley N.º 24.156). Por lo tanto, en el fondo de esta disputa figuran cuestiones de constitucionalidad, presupuesto y responsabilidad fiscal, que exceden lo meramente universitario.

Sin embargo, más allá de la técnica presupuestaria, lo central para la comunidad universitaria es que la ley sancionada compromete un horizonte de estabilidad y previsibilidad para las instituciones, garantiza la actualización de fuentes y plantea un mínimo para el funcionamiento de la universidad pública, algo fundamental en un país donde más de 2 millones de estudiantes asisten a la educación superior pública. El incumplimiento abre una profunda grieta entre las políticas de Estado y el funcionamiento real de las casas de estudio.

En conclusión, este episodio se inscribe en una trama más amplia: la tensión entre el financiamiento de la educación superior, las políticas de austeridad fiscal, la autonomía universitaria y los derechos constitucionales de acceso y calidad educativa. Al llevar el conflicto al ámbito judicial, el sistema universitario argentino muestra que no está dispuesto a aceptar una ejecución simbólica de leyes sin contenido real. Lo que se pone en juego no es solo una partida presupuestaria, sino la vigencia del contrato social entre el Estado, la universidad y la sociedad.