Una nueva denuncia vuelve a poner en la mira al sistema de subastas judiciales de La Plata, señalada desde hace años por su opacidad y por favorecer maniobras especulativas en perjuicio de familias trabajadoras. Esta vez, el caso tiene nombre y apellido: Alcira, una vecina que asegura ser víctima de lo que define como “violencia institucional y complicidad judicial”.

Según lo expresado por la mujer, el pasado 17 de octubre, la jueza Guillermina Di Luca, del Juzgado N° 23, autorizó la adjudicación del 50% restante de su vivienda, pese a que —según consta en documentación judicial— su nieta había depositado $23.066.600 en una cuenta judicial para cubrir la deuda.
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Esa suma, reunida colectivamente por la familia y vecinos, habría sido suficiente para evitar el remate. Sin embargo, la magistrada rechazó el pago, argumentando que la joven “no acredita solvencia económica” para afrontar los honorarios, lo que impidió frenar el despojo.
La propiedad fue adquirida por Aldana Tavella, integrante de una familia señalada dentro del ambiente de los remates judiciales por acumular propiedades en condiciones similares. Su hermano, Fabián Tavella, ya había obtenido la otra mitad del inmueble en una subasta anterior, pese a su presunta insolvencia.
“Se quedan con el 50% de tu casa y después te cobran alquiler por seguir viviendo ahí”, denunció Alcira, indignada.
La denunciante apunta a la existencia de un entramado al que los damnificados llaman “La Liga” o “la mafia de los remates”, un circuito de compradores y funcionarios que aprovechan los vacíos legales y la inacción judicial para quedarse con viviendas a valores irrisorios.
“La Justicia mira para otro lado mientras destruyen vidas enteras. No somos casos aislados: hay muchas familias viviendo el mismo infierno”, agrega.
Alcira hace un llamado a la comunidad para visibilizar y acompañar a quienes atraviesan situaciones similares. “Nos quieren invisibles, pero no vamos a callarnos. Necesitamos que la sociedad sepa lo que está pasando en los tribunales de La Plata”, expresó.
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