El exintendente de Berisso, Enrique Slezack, vuelve a estar en el centro de la escena judicial. La Sala II de la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revocó el fallo que lo había sobreseído en la causa por la venta de un terreno fiscal en Villa Argüello, y ordenó que el tribunal de origen dicte un nuevo pronunciamiento.

El caso, que se inició en 2013, investiga presuntas irregularidades en la venta de un lote municipal ubicado en la calle 61 entre 122 y 123, donde luego se construyó una vivienda valuada en unos 150 mil dólares. La denuncia sostiene que la propiedad fue vendida a un "precio vil”, lo que habría generado un perjuicio al Estado local.

En junio de este año, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 1 de La Plata había decidido cerrar el expediente al considerar que se había violado el “plazo razonable” de duración del proceso, ya que pasaron más de doce años sin una resolución definitiva.

Sin embargo, la Cámara de Casación entendió que ese argumento no constituye una causal legal para extinguir la acción penal, y que la investigación debía continuar. En su resolución, los jueces remarcaron la importancia de que los procesos se resuelvan sin dilaciones, pero también sin que esas demoras deriven en impunidad.

La defensa de Slezack y el impacto político

Enrique Slezack —quien gobernó Berisso entre 2003 y 2015— insiste en que la operación se realizó con todos los avales administrativos, incluyendo la aprobación del Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas. Su defensa apunta a que no hubo perjuicio al erario público ni irregularidades en el procedimiento.

Sin embargo, la reapertura del caso genera repercusiones políticas en el ámbito local, donde el exjefe comunal conserva influencia dentro del peronismo berissense (su hijo Matías Slezack es secretario de Gobierno de la Municipalidad de Berisso). El fallo de Casación, más allá de sus efectos jurídicos, reaviva el debate sobre la transparencia y el control del patrimonio público en los municipios bonaerenses.

Qué puede pasar ahora

Con la anulación del sobreseimiento, la causa regresa al Tribunal Oral de La Plata, que deberá dictar un nuevo fallo. Si el tribunal acata la decisión de Casación, el proceso podría avanzar hacia un nuevo juicio oral o una resolución alternativa.

Mientras tanto, la decisión judicial marca un precedente importante: las demoras en los procesos no eliminan la responsabilidad penal, y los casos de corrupción administrativa no deben quedar en el olvido por el paso del tiempo.