En un contexto de tensiones crecientes entre el sector académico y el Gobierno nacional, el sindicalismo universitario ha vuelto a tomar la palabra con contundencia. Los días 12, 13 y 14 de noviembre, los pasillos de las universidades públicas de todo el país permanecerán silenciosos: no por falta de vocación docente, sino como acto de protesta.

La Confederación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), en consonancia con la mayoría de sus asociaciones de base, ha resuelto una medida de fuerza de 72 horas. Esta decisión no es improvisada: responde a una serie de consultas internas que revelaron un fuerte consenso en la necesidad de visibilizar un conflicto que ya no puede disimularse en la rutina académica.

En La Plata, la ADULP (Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata) adhirió de inmediato. No es la primera vez que esta regional se suma a las líneas de acción nacional, pero esta vez la contundencia del mensaje excede lo gremial: es una defensa de la educación pública como derecho social.

Durante el plenario nacional, se acordó además una posible profundización del conflicto: si el Ejecutivo no implementa la Ley de Financiamiento Universitario, se vería afectado el inicio del ciclo lectivo 2026. Esta advertencia pone sobre la mesa una tensión estructural: sin presupuesto, no hay universidad posible.

Como parte del mismo paquete de medidas, la CONADU también comunicó que judicializará su reclamo por la reapertura de paritarias, en conjunto con el Frente Sindical. Esta vía legal expresa un agotamiento de los canales formales de negociación, donde los aumentos salariales han sido inexistentes o insuficientes.

La protesta docente no se limita a lo salarial. Exige también la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y un aumento del presupuesto destinado a ciencia, tecnología y universidades. “Seguimos en lucha por la recuperación de nuestro salario y por una universidad digna”, expresó la Federación en un comunicado público.

El paro de 72 horas no busca simplemente incomodar. Es una llamada de atención que interpela al Estado, a la sociedad y al estudiantado. Una universidad sin docentes no enseña. Pero una universidad sin condiciones tampoco educa. El silencio de las aulas, esta vez, grita.