La renuncia de Gabriela Di Lorenzo al frente de Control Urbano abrió un nuevo capítulo en la relación entre el Municipio de Berisso y sectores de la Iglesia Católica. La decisión se formalizó en las últimas horas y, según fuentes consultadas por este medio, se aceleró luego de un episodio registrado durante un encuentro pastoral en el que la funcionaria intentó aplicar una clausura. La situación derivó en una denuncia penal presentada por ella misma y desencadenó un fuerte malestar en la institución religiosa involucrada.

El conflicto no pasó inadvertido en el ámbito municipal, especialmente porque el intendente Fabián Cagliardi mantiene desde el inicio de su gestión un vínculo fluido con diversas organizaciones de la Iglesia, tanto en tareas sociales como en actividades comunitarias. El episodio, consideran en su entorno, generó un “ruido innecesario” en un terreno donde el Ejecutivo busca preservar consensos y cooperación.

Aunque Di Lorenzo ocupaba el cargo desde hace poco más de un año, tras dejar su banca en el deliberativo para volver a ese lugar que ya había estado durante el primer mandato del mandatario. Desde su regreso la gestión ya venía acumulando tensiones internas por criterios de supervisión y control en comercios y actividades privadas.

Sin embargo, el cruce con la institución católica habría sido el elemento que terminó de definir su salida, al evidenciar diferencias de criterio que comprometieron el funcionamiento político del área.

Por el momento, el Municipio no informó quién quedará a cargo de Control Urbano ni cuándo se anunciará un reemplazo. Mientras tanto, en el interior del Ejecutivo reconocen que la prioridad será recomponer el diálogo con la comunidad religiosa afectada y reordenar un sector que quedó en el centro de la escena tras el conflicto.

Ahora la ex funcionaria se encuentra analizando sobre la posibilidad de retomar su banca en el HCD, ya que había tomado licencia para ocupar el rol al cual recientemente dimitió.