El Gobierno nacional volvió a introducir cambios en el funcionamiento del Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym), al oficializar el decreto 812/2025 que modifica de manera sustancial el marco regulatorio vigente desde 2002.

La medida profundiza la estrategia de desregulación iniciada en diciembre de 2023 y redefine las atribuciones del organismo, que ya no podrá emitir normas o intervenir en el mercado cuando esas acciones “distorsionen precios, generen restricciones de acceso o interfieran en la libre dinámica entre oferta y demanda”.

El nuevo texto también elimina una serie de artículos del decreto original —incluidos los que habilitaban al Instituto a fijar valores para la materia prima o aplicar límites a las plantaciones— y ordena una revisión interna en un plazo máximo de 30 días para adaptar cualquier normativa que contradiga la nueva orientación oficial.

Desde el Ejecutivo justificaron la iniciativa bajo el argumento de “modernizar” el rol del Inym y concentrarlo exclusivamente en tareas de control de calidad. En esa línea, señalaron que la apertura del mercado generó un ajuste de precios relativos y un mayor dinamismo productivo, citando una baja del 44,3% en los precios reales de la yerba mate desde diciembre de 2023 y un incremento de la producción y las exportaciones entre 2023 y 2024.

Sin embargo, la decisión volvió a despertar críticas en Misiones, principal provincia productora. Colonos, pequeños yerbateros y referentes ligados al organismo sostienen que la pérdida de la función reguladora deja a los productores en una posición vulnerable frente a los grandes molinos.

Advierten que el valor de la hoja verde cayó por debajo de los costos y señalan que el desmantelamiento del sistema de intervención estatal amenaza la viabilidad de miles de productores  familiares.