Hay momentos en que una investigación judicial deja de ser un expediente para transformarse en un espejo incómodo del funcionamiento del Estado. El caso que hoy sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es uno de ellos: un entramado que, lejos de limitarse a la sospecha técnica de sobreprecios, se abre como un corredor hacia un universo de influencias, accesos privilegiados y decisiones que no se tomaban donde correspondía, sino donde convenía. Lo que comenzó como la revisión de un programa destinado a cubrir tratamientos para enfermedades poco frecuentes derivó en un paisaje donde los US$700.000 hallados en un departamento de San Telmo dejaron al descubierto una “caja paralela” que habría operado con sorprendente naturalidad.

En el centro del escenario aparece Miguel Ángel Calvete, un personaje cuyo recorrido por la política, las cámaras empresarias y los vínculos informales con el poder lo convirtieron en un engranaje perfecto. Los investigadores lo describen como un “operador paraestatal”, capaz de generar puentes entre laboratorios, droguerías, funcionarios y contratistas. No necesitaba un cargo público: le bastaba con la influencia, alimentada por un historial de contactos y la percepción de que su palabra habilitaba procesos que, en teoría, debían depender de los organismos formales.

A su alrededor, nombres como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, Sergio Mastropietro y Luciana Ferrari conformaron un circuito que, para la fiscalía, tenía la estructura de una asociación ilícita. Las funciones estaban aparentemente repartidas: desde quienes impartían órdenes sin tener cargo, hasta quienes ingresaban al sistema estatal SIIPFIS con claves prestadas para habilitar pagos, pasando por figuras involucradas en movimientos de dinero que luego serían investigados como posibles maniobras de lavado.

Pero el verdadero mapa del caso se terminó de trazar cuando aparecieron los chats y audios. Allí se reveló un universo donde las decisiones parecían negociarse en grupos de WhatsApp bautizados con nombres anodinos como “Grupo Museo”, pero cargados de conversaciones sobre nombramientos, proveedores, pagos pendientes y vínculos políticos. “Karina es la que define todo”, se repetía en los intercambios, en referencia a Karina Milei, señalada como la figura que, según los protagonistas, bendecía o frenaba movimientos.

Otros mensajes expusieron dinámicas más crudas: entregas de dinero en mochilas, referencias a “el pelado que viaja a Israel”, porcentajes pactados con proveedores del sector salud y una frase que quedó marcada para la fiscalía: “con el 3% a KM está perfecto”. El diálogo entre Calvete y su hija Ornella, que celebraba la posibilidad de comprar “un tambo o una granja” si las gestiones salían bien, abrió el foco hacia un territorio que no se esperaba: el del Ministerio de Economía.

Cuando la Justicia allanó el departamento de Ornella Calvete, entonces funcionaria nacional, encontró US$700.000 en efectivo. La explicación no llegó a tiempo. La renuncia, sí, pero solo cuando el dato se hizo público. Los investigadores además tomaron nota de la presencia de su pareja, Javier Cardini, subsecretario cercano a Santiago Caputo, y de los vínculos que este mantenía con Juan Neuss, otro nombre del círculo íntimo del Gobierno. No eran coincidencias: eran piezas que ampliaban el tablero político.

Mientras tanto, la pregunta que atraviesa toda la causa sigue sin respuesta: ¿de quién era realmente el dinero?
Las hipótesis se multiplican y ninguna es menor. Tampoco lo son las evidencias sobre los contratos del programa Incluir Salud, que en apenas un año y medio habrían concentrado alrededor de $40 mil millones en proveedores específicos. La sensación en Comodoro Py es que cada carpeta abre otra, y cada testimonio deja entrever una lógica más profunda que la simple irregularidad administrativa.

El impacto político es innegable. La causa ya no es un problema técnico, sino un desafío para un Gobierno que enfrenta un expediente donde aparecen funcionarios, operadores y referencias directas a su núcleo de poder. Lo que ocurra en las indagatorias de noviembre y diciembre será determinante, pero el interrogante de fondo —el que realmente incomoda— es otro:
¿hasta dónde llegaban las órdenes y quiénes se beneficiaban del circuito?

En ese punto, el caso deja de ser un escándalo aislado y se convierte en un manual involuntario sobre cómo los engranajes informales pueden convivir con las instituciones, hasta que un allanamiento, un celular peritado o un chat imprudente los expone por completo.