Saredi enfrentó desde el PRO durante varios años al actual mandatario Fernando Espinoza, diciendo barbaridades de él, asociado política, afectiva y económicamente a Calvete, y ahora es funcionario de primera línea de su ex archienemigo. Lo que se dice "un tipo de convicciones firmes".

Con su socio Calvete, ahora preso por sospechas de participar de los delitos de prostitución, pedofilia y abusos, Miguel Saredi hizo infinidad de negocios vinculados con los derechos de importación, con la habilitación de supermercados chinos en PBA y haciendo ingresar a ciudadanos chinos por las porosas fronteras del norte argentino.

El negocio con los ciudadanos provenientes del segundo país más poblado del mundo, que llegan a América nutridos de importantísimas sumas de dinero, era ingresarlos al país, hacerles la ciudadanía, legalizarlos y abrirles un supermercado o una venta mayorista de baratijas importadas, a cambio de quedarse con la mitad de toda la plata que traían de China. Un negocio mucho más redondo que los ojos de sus víctimas.

Cuando Miguel Calvete cayó preso, Saredi primero se asustó, pero luego supo que la mano salvadora de su nuevo socio, también denunciado por delitos sexuales (Fernadito Espinoza) lo protegería a fuerza de contactos en la Justicia o entregando parte de lo mucho recaudado junto al otro Miguel. Igual, el susto le duró poco ya que inmediatamente siguió negociando con la hija, Ornella Calvete, hasta el lunes funcionaria de alto rango en el Ministerio de Economía de Nación.

Lo cierto es que el "Colombiano", como lo llaman en la jerga política de la militancia matancera a Miguel Saredi (por sus posibles vínculos con el narcotráfico y el sicariato, según indicaron fuentes del peronismo de ese distrito), deberá estar muy atento a los pasos que vaya dando la Justicia respecto de investigar el entorno y los negocios de la familia Calvete. Allí, en ese escenario mafioso y puramente ilegal, las huellas de Saredi estarían sembradas por todos lados.

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Esta boca no es mía

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Una fuente que prefiere su anonimato por temor a "represalias letales", a la que tuvo acceso PrimeraPagina.info y que es muy cercana a Saredi y Calvete, indicó que: "Te doy una data que conozco directo. Miguel Calvete y Saredi hace años que manejan diversos negocios con el PRO. Manejan la Cámara de Supermercados Chinos".

"Tiene los nexos necesarios para hacer ingresar vía Brasil, Bolivia y Paraguay, a ciudadanos chinos que pagan por esos servicios y aquí les tramitan, con esos nexos, la residencia y la ciudadania (algunas postas y otras truchas)".

"Tambien manejan desde la Cámara y con el apoyo de la mafia china en CABA, un sistema de prestamos usurarios para que esos chinos nuevos puedan montar negocios de supermercados o de importacion".

"Calvete y Saredi hacen blanqueo de la plata negra de esos negocios con la compra de propiedades. Tienen un equipo contable y jurídico para esos temas especificos para trabajar con la Policía Federal, con Migraciones, con el Gobierno de la Ciudad, con la Aduana". 

"También y para completar el círculo productivo, manejan el voto de los residentes chinos en condiciones de sufragar. Son un supermercado de truchadas", concluyó nuestra fuente.

"Calvete y Saredi cerraban negociados para sus socios orientales a través de Susana Martilengo, directora general de comunicaciones de Presidencia con Mauricio Macri. También tienen relación de vieja data con oficiales carapintadas que les llevaban negocios como permisos de importacion o problemas impositivos con chinos empresarios".

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El perfil de Calvete

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El perfil de Miguel Ángel Calvete, indagado por la Justicia como uno de los "jefes paraestatales" de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) en el caso conocido como el "Coimagate", es descrito por el fiscal Franco Picardi como el de un "articulador de la asociación ilícita". Su historia, sin embargo, es un entramado de negocios, política y condenas previas que parece extraído de un thriller judicial.

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Antecedentes políticos y empresariales

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Calvete posee un curriculum vitae de múltiples facetas en los sectores público y privado:

• Líder Gremial Chino: Fue el presidente de la Federación de Supermercados y Autoservicios Chinos en la Argentina, un rol que le otorgó una fuerte visibilidad en el sector comercial. De hecho, en el marco de la investigación de la ANDIS, su presunto cómplice, Diego Spagnuolo, lo tenía agendado en su celular como "Chuen Li", una referencia directa a este vínculo.

• Vínculo con Laboratorios: La fiscalía acreditó que Calvete tiene una fuerte conexión e influencia con laboratorios y droguerías, siendo proveedor de insumos PACBI (medicamentos de alto costo). Estaba directamente vinculado a firmas como INDECOMM S.R.L., Profusión S.A. y Profarma S.A.

• Carrera Política: En su trayectoria, Calvete incursionó en la política como concejal de Cambiemos en La Matanza.

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De Carapintada a explotación de prostitución

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Antes de ser señalado como articulador de la corrupción en ANDIS, Calvete ya cargaba con antecedentes judiciales de alto impacto:

1. Condena por Explotación de Prostitución: Actualmente, Calvete se encuentra detenido y cumpliendo una condena de cuatro años de prisión impuesta en junio de 2019 por el Tribunal Oral Criminal N° 8 por el delito de explotación económica del ejercicio de la prostitución ajena (Causa N° 49.450/2015).

   • La Justicia comprobó que, al menos entre 2015 y 2016, Calvete, su hermano Alejandro y un empleado del Consejo de la Magistratura porteño, conformaron una organización para facilitar la prostitución de mujeres en departamentos de CABA, cobrando un rédito económico por encima de los valores de alquiler de mercado.

2. Lazos con la Causa AMIA: El nombre de Calvete también apareció en el mega caso AMIA. En 2010, fue mencionado en un juicio que apuntaba a un grupo de exmilitares "carapintadas", a los que se había vinculado al atentado de 1994. Calvete, que estaba afiliado al partido MODIN (vinculado a los carapintadas), declaró en el juicio en su momento. Coincidentemente, en los cuadernos incautados en la causa ANDIS, se encontraron referencias a algunos de los nombres de los exmilitares ligados a esa vieja línea de investigación.

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La familia en el ojo de la tormenta

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El escándalo de la ANDIS también salpicó a su círculo íntimo, en particular a su hija:

• Ornella Calvete Implicada: Ornella Calvete se desempeñaba como Directora Nacional de Desarrollo Regional y Sectorial de la Secretaría de Industria y Comercio en el Ministerio de Economía de la Nación (bajo la órbita de Luis Caputo), cargo que ejerció desde septiembre de 2024 hasta el estallido del escándalo.

• Dinero Secuestrado: En un allanamiento en la casa de Ornella se secuestraron cerca de 700.000 dólares en efectivo, entre otras divisas.

• Referencia a "KM": Existen chats entre padre e hija haciendo referencia a un pago del 3% para "KM", el mismo porcentaje que, según audios filtrados, era destinado a Karina Milei, la hermana del Presidente, en el esquema de coimas de la ANDIS.

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Rol central en el "Coimagate" de la ANDIS

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A pesar de no tener un cargo formal, la Justicia lo ubica como el conector principal entre la ANDIS y el sector privado (laboratorios y droguerías). Según la acusación:

• Fue él quien supuestamente habilitó un pago de 5 millones de pesos en efectivo para Diego Spagnuolo, el entonces titular de la ANDIS.

• Se encargaba, presuntamente, de lavar el dinero "negro" obtenido de las maniobras ilegales junto al exsocio de un acusado de narcotráfico.

Miguel Ángel Calvete fue el segundo acusado en ser indagado en esta causa, y optó por el silencio, negándose a declarar ante el juez Sebastián Casanello.

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La causa ANDIS

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La causa por corrupción que rodea a la ANDIS revela algo más profundo que irregularidades administrativas: expone una estructura aceitada donde operadores informales, funcionarios y proveedores habrían tejido un circuito de decisiones paralelo, con la política como vértice silencioso.

El expediente muestra un ecosistema donde la burocracia se convirtió en terreno fértil para la acumulación de dinero, favores y poder.

Hay momentos en que una investigación judicial deja de ser un expediente para transformarse en un espejo incómodo del funcionamiento del Estado.

El caso que hoy sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es uno de ellos: un entramado que, lejos de limitarse a la sospecha técnica de sobreprecios, se abre como un corredor hacia un universo de influencias, accesos privilegiados y decisiones que no se tomaban donde correspondía, sino donde convenía.

Lo que comenzó como la revisión de un programa destinado a cubrir tratamientos para enfermedades poco frecuentes derivó en un paisaje donde los US$700.000 hallados en un departamento de San Telmo dejaron al descubierto una “caja paralela” que habría operado con sorprendente naturalidad.

En el centro del escenario aparece Miguel Ángel Calvete, un personaje cuyo recorrido por la política, las cámaras empresarias y los vínculos informales con el poder lo convirtieron en un engranaje perfecto.

Los investigadores lo describen como un “operador paraestatal”, capaz de generar puentes entre laboratorios, droguerías, funcionarios y contratistas. No necesitaba un cargo público: le bastaba con la influencia, alimentada por un historial de contactos y la percepción de que su palabra habilitaba procesos que, en teoría, debían depender de los organismos formales.

A su alrededor, nombres como Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Pablo Atchabahian, Sergio Mastropietro y Luciana Ferrari conformaron un circuito que, para la fiscalía, tenía la estructura de una asociación ilícita.

Las funciones estaban aparentemente repartidas: desde quienes impartían órdenes sin tener cargo, hasta quienes ingresaban al sistema estatal SIIPFIS con claves prestadas para habilitar pagos, pasando por figuras involucradas en movimientos de dinero que luego serían investigados como posibles maniobras de lavado.

Pero el verdadero mapa del caso se terminó de trazar cuando aparecieron los chats y audios. Allí se reveló un universo donde las decisiones parecían negociarse en grupos de WhatsApp bautizados con nombres anodinos como “Grupo Museo”, pero cargados de conversaciones sobre nombramientos, proveedores, pagos pendientes y vínculos políticos.

“Karina es la que define todo”, se repetía en los intercambios, en referencia a Karina Milei, señalada como la figura que, según los protagonistas, bendecía o frenaba movimientos.

Otros mensajes expusieron dinámicas más crudas: entregas de dinero en mochilas, referencias a “el pelado que viaja a Israel”, porcentajes pactados con proveedores del sector salud y una frase que quedó marcada para la fiscalía: “con el 3% a KM está perfecto”.

El diálogo entre Calvete y su hija Ornella, que celebraba la posibilidad de comprar “un tambo o una granja” si las gestiones salían bien, abrió el foco hacia un territorio que no se esperaba: el del Ministerio de Economía.

Cuando la Justicia allanó el departamento de Ornella Calvete, entonces funcionaria nacional, encontró US$700.000 en efectivo. La explicación no llegó a tiempo. La renuncia, sí, pero solo cuando el dato se hizo público.

Los investigadores además tomaron nota de la presencia de su pareja, Javier Cardini, subsecretario cercano a Santiago Caputo, y de los vínculos que este mantenía con Juan Neuss, otro nombre del círculo íntimo del Gobierno. No eran coincidencias: eran piezas que ampliaban el tablero político.

Mientras tanto, la pregunta que atraviesa toda la causa sigue sin respuesta:

¿De quién era realmente el dinero?

Las hipótesis se multiplican y ninguna es menor. Tampoco lo son las evidencias sobre los contratos del programa Incluir Salud, que en apenas un año y medio habrían concentrado alrededor de $40 mil millones en proveedores específicos.

La sensación en Comodoro Py es que cada carpeta abre otra, y cada testimonio deja entrever una lógica más profunda que la simple irregularidad administrativa.

El impacto político es innegable. La causa ya no es un problema técnico, sino un desafío para un Gobierno que enfrenta un expediente donde aparecen funcionarios, operadores y referencias directas a su núcleo de poder.

Lo que ocurra en las indagatorias de noviembre y diciembre será determinante, pero el interrogante de fondo —el que realmente incomoda— es otro:

¿hasta dónde llegaban las órdenes y quiénes se beneficiaban del circuito?

En ese punto, el caso deja de ser un escándalo aislado y se convierte en un manual involuntario sobre cómo los engranajes informales pueden convivir con las instituciones, hasta que un allanamiento, un celular peritado o un chat imprudente los expone por completo.