Por: Jonatan Anaquin

La escena es conocida: una sanción por exceso —el uso de pirotecnia en un recibimiento—, un organismo que castiga, una penalidad que empieza a cumplirse y, acto seguido, una reunión detrás de puertas oficiales que termina con la sanción levantada.

Lo que debería ser una línea firme de prevención y castigo se convirtió en un vaivén que revela debilidades institucionales y privilegios deportivos. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE) no sólo reculó; dejó expuestas dudas considerables sobre criterios, aplicación de la ley y el mensaje que esto envía a clubes, barras y público.

En la práctica: Racing había sido sancionado con tres partidos a puertas cerradas por el uso indebido de pirotecnia durante la revancha con Flamengo —una medida que, en teoría, buscaba desincentivar conductas peligrosas— y cumplió apenas uno de esos compromisos.

La sanción estaba vigente y el calendario parecía claro. Sin embargo, tras una reunión que incluyó a autoridades del club, de la AFA y de seguridad provincial, la decisión se revirtió. ¿Por qué? El comunicado oficial habla de reconocimiento del hecho por parte del club y de “compromisos” para investigar y sancionar responsables (un argumento que, en el mejor de los casos, parece más una explicación política que una garantía operativa).

Aquí está el problema central: la sanción penaliza un hecho concreto y su reincidencia. Una vez impuesta, su lógica es preventiva y ejemplificadora. Si basta con una reunión y un “compromiso” documental para desactivar la pena, la sanción pierde eficacia. El efecto práctico es doble: por un lado, incentiva a los clubes a negociar en despachos cuando les convenga; por otro, reduce la credibilidad de la institución encargada de aplicar la ley. ¿Cuánto peso tiene el precedente frente a la presión política y mediática? En este caso, mucho más del que debería. 

Desde el costado competitivo, la reversión no es un mero trámite administrativo: altera igualdad de condiciones y produce efectos tangibles en el partido. Racing recupera su factor local —el aforo completo, el aliento de su gente y el contexto emocional que transforma un estadio en ventaja— mientras que River se ve forzado a replantear tácticas, logística y gestión de riesgos en un escenario más hostil.

La presencia de hinchas modifica la dinámica de un cruce tan definitorio como un octavo de final; no es sólo ruido: es presión, empuje y, muchas veces en el fútbol argentino, un condicionante arbitral indirecto. Dejar que la política determine si hay público equivale a permitir que el resultado deportivo sea influido por factores ajenos a la cancha.

Además, hay una dimensión sanitaria y de seguridad real: la pirotecnia no es un souvenir inocente; implica riesgo de incendios, quemaduras y pánico en avalanchas humanas. Cancelar una sanción por “buenas intenciones” teóricas —investigar y sancionar a responsables— es como aceptar la promesa de que se reparará una baranda después de que alguien haya caído. La prevención exige medidas anticipatorias y, si hace falta, ejemplaridad posterior. La actuación de Aprevide, en este caso, sugiere que la ejemplaridad puede negociarse.

Política deportiva y operaciones de poder: el fútbol argentino opera en una red donde dirigentes, federación y seguridad conviven en la misma mesa. Cuando esa mesa decide revertir un castigo con argumentos blandos, se abre un interrogante democrático: ¿a quién protege Aprevide realmente, a la seguridad o a los intereses de los actores que mueven la pelota y las pantallas?

No es menor que la discusión se haya dado en oficinas y no en un proceso transparente y público. La opacidad alimenta sospechas de trato diferencial y de que las sanciones son moneda de cambio.

¿Y River? El visitante recibe un impacto inmediato en su planificación: desde el abordaje estratégico para neutralizar la caldera del Cilindro hasta la gestión de lesionados y reemplazos. En el plano deportivo, hay nombres que pesan: Gonzalo Montiel, con interrogantes físicos, aparece como un ejemplo de cómo un partido con público puede condicionar decisiones médicas y tácticas —la recuperación, la exposición a un entorno hostil y la necesidad de alternativas defensivas se vuelven más urgentes— cuando el rival recupera estadio y gente. El calendario y la presión del fixture obligan a equipos y entrenadores a improvisar o a asumir riesgos.

Con todo, la sensación que deja la maniobra es que la sanción se volvió reversible en la práctica, y eso es un golpe directo a la credibilidad institucional. Si la lucha contra la violencia depende de proclamas y voluntades manifestadas en reuniones, y no de normas aplicadas con constancia, el país pierde una herramienta importante para contener riesgos en los estadios.

Lo que hoy se justificó como “diálogo y compromiso” puede mañana funcionar como atajo cada vez que interese. La pregunta que queda en el aire, y que los ciudadanos y los hinchas tienen derecho a hacerse, es simple: ¿quién protege a la gente que va al estadio cuando los castigos se guardan en un cajón político?