La reciente denuncia contra Azul Lamoglie, nombrada jueza de faltas en Berisso, pone bajo un fuerte cuestionamiento al intendente Fabián Cagliardi. Más aún cuando su designación ya había sido criticada por múltiples sectores, y ahora suma un reproche más grave: la imputación por presunta falsificación de documento público.

En sus inicios, su llegada al Juzgado de Faltas N°1 generó polémica. Fue primicia de Primera Página, la salida del exjuez Jorge Troncoso —presentada como una jubilación anticipada— en la que fue percibida por algunos como una maniobra política para dejar el lugar vacante.

En paralelo, el nombramiento de Lamoglie, una abogada procedente de La Plata con afiliación radical, generó desconfianza dentro de la coalición oficialista, evidenciando posibles grietas internas en la gestión de Cagliardi. 

https://primerapagina.info/nota/18785/una-nueva-jueza-radical-y-de-la-plata-se-quedaria-con-el-juzgado-de-falta-n-deg-1-de-berisso/

Cuando la propuesta llegó al Concejo Deliberante, la discusión se tornó aún más áspera. En la sesión que aprobó el pliego de Lamoglie con 17 votos a favor y solo 3 en contra, los concejales opositores denunciaron un proceso carente de transparencia institucional.

Para esos críticos, el Ejecutivo privilegió una relación de poder concentrada, sin mecanismos adecuados de participación o control ciudadano.

No es casualidad: un bloque opositor ya había presentado un proyecto para crear un Consejo Municipal de la Magistratura. Esa iniciativa busca institucionalizar concursos públicos para cargos judiciales locales, justamente para evitar designaciones discrecionales y reforzar la transparencia.

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Ahora, la denuncia por presunta falsificación que recae sobre Lamoglie abre un nuevo frente para Cagliardi: no solo debe explicar por qué apoyó la llegada de alguien que ya tenía señalamientos políticos, sino también cómo se garantizaron los estándares formales en el proceso de designación. Si se confirman las acusaciones, podría tratarse de un golpe significativo a la credibilidad institucional de su gestión.

Más allá del ámbito legal, el caso plantea un dilema político: la tensión entre el poder ejecutivo y el control democrático. Para muchos, la designación de Lamoglie fue un síntoma de concentración de poder. Ahora, con la imputación judicial de por medio, esa percepción de falta de transparencia se intensifica, y la figura de Cagliardi se ve salpicada directamente.

Mientras tanto, el recorrido judicial de la denuncia avanza, y para el oficialismo será clave gestionar tanto la respuesta institucional como la política. El resto de la oposición mantiene firme su reclamo: mecanismos más claros, institucionalizados y participativos para futuras designaciones. El juicio público sobre esta elección apenas comienza, y el intendente deberá dar explicaciones.

¿Cómo fue que Cagliardi impulsó y tomó juramento a una funcionaria que ya estaba siendo cuestionada por un posible delito?

La designación de Azul Lamoglie como jueza de faltas de Berisso abrió un nuevo frente de conflicto político y judicial. A la denuncia por presunta falsificación de documento público —vinculada a la documentación que habría presentado para concursar como jueza de paz en San Vicente— ahora se suma un fuerte cuestionamiento al intendente Fabián Cagliardi, quien avaló su llegada al cargo pese a las inconsistencias señaladas.

Según la denuncia presentada ante la Justicia, Lamoglie habría utilizado papeles adulterados para acreditar la radicación exigida por ley para ocupar el cargo en San Vicente, situación que contrastaría con su verdadera residencia y actividad laboral en Berisso. Los denunciantes aseguran que, al momento del concurso, la hoy magistrada vivía y trabajaba en Berisso, lo que invalidaría su postulación en aquel distrito.

Un caso que sigue abierto

Mientras Lamoglie ya se encuentra en funciones en la sede del Juzgado de Faltas —ubicada en calle 11 entre Montevideo y 166—, la causa por presunta falsificación continúa avanzando. La Justicia analiza pruebas aportadas por los denunciantes, mientras en el plano político se profundiza la polémica sobre la responsabilidad del Ejecutivo en un nombramiento que podría tener consecuencias judiciales.

La situación promete seguir generando repercusiones en el oficialismo y mantiene a Cagliardi en el centro de la escena.