El conflicto del Gobierno con las organizaciones de personas con discapacidad sumó un capítulo clave luego de que el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca resolviera que la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) suspendió pensiones de manera “gravemente ilícita”.

La Justicia ordenó el restablecimiento inmediato de todos los beneficios dados de baja sin acto administrativo previo, una medida que alcanza a titulares de todo el país.

El fallo hace referencia a las auditorías implementadas tras el edicto 19.437/25, proceso que derivó en miles de suspensiones comunicadas de forma irregular o sin aviso. Según la resolución, la administración no cumplió con los requisitos básicos del debido proceso ni garantizó el derecho de defensa, afectando directamente la salud y subsistencia de personas con discapacidad.

En paralelo, avanzan múltiples expedientes que exponen otra arista del conflicto: la causa federal que investiga un presunto entramado de coimas en la ANDIS.

El fiscal Franco Piccardi acumula audios, documentos y allanamientos que revelan un esquema de desvío millonario. La pesquisa ya dejó dos empresarios detenidos —uno con USD 700.000 incautados— e involucra a 15 imputados, incluido el ex director del organismo, Diego Spagnuolo.

Mientras tanto, otro frente judicial enfrenta demoras. En Campana, un amparo colectivo presentado por familias con niños con discapacidad había recibido dictamen favorable, pero la recusación planteada por el Procurador del Tesoro contra el juez interviniente frenó el trámite.

La Cámara deberá ahora designar a un nuevo magistrado, dilatando la definición sobre la vigencia del decreto presidencial que suspendió la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Organizaciones del sector cuestionaron la actitud del Ejecutivo y señalaron que “las demoras perjudican a quienes dependen de prestaciones básicas”, al tiempo que remarcaron la contradicción entre los intentos de frenar los amparos y el avance de las causas por presunta corrupción dentro del organismo responsable de garantizar las políticas de discapacidad.

Con dos procesos judiciales en marcha —uno por derechos vulnerados y otro por desvío de fondos—, la tensión entre el Gobierno, las familias y la Justicia se intensifica en un escenario donde las decisiones oficiales impactan de lleno en poblaciones vulnerables.