Una crisis institucional en Berisso que no surgió de un día para otro. Es, más bien, el resultado acumulado de decisiones políticas que priorizan la conveniencia del poder antes que la transparencia. La designación de María Azul Lamoglie como Jueza de Faltas N°1 es apenas la chispa más reciente en un contexto donde la conducción de Fabián Cagliardi queda nuevamente bajo la lupa.

Lamoglie arriba al cargo arrastrando un cúmulo de cuestionamientos que cualquier administración preocupada por el funcionamiento republicano hubiera considerado, como mínimo, un motivo para revisar el procedimiento. Pero aquí la velocidad le ganó a la prudencia. Y la política, otra vez, le pisó los talones a la institucionalidad.

El primer punto crítico es la denuncia por presunta falsificación de documento público en el marco de su postulación para Jueza de Paz en San Vicente. Un señalamiento grave, que involucra la presunta adulteración de documentación para acreditar residencia y que, de confirmarse, comprometería su permanencia en cualquier cargo público. No se trata de una incomodidad política: se trata de una alerta institucional que exige máximo rigor.

A ello se suman las incompatibilidades éticas y legales que rodean su situación. La ley es clara: un Juez de Faltas es un funcionario municipal y, como tal, no puede aspirar ni ejercer cargos que exijan independencia respecto del Ejecutivo. La simultaneidad de aspiraciones no solo genera ruido; plantea un conflicto directo con la normativa que regula el funcionamiento de la Justicia de Paz en la provincia.

Sin embargo, ninguna de estas advertencias pareció inquietar al oficialismo. En Berisso, la conducción de Cagliardi optó por avanzar sin debate, sin audiencias públicas, sin concursos abiertos y sin un mínimo gesto de diálogo político. Una designación que tranquilamente pudo ser discutida con la sociedad, terminó decidiéndose entre pocas manos y en tiempos acelerados que, lejos de ofrecer claridad, alimentan sospechas.

El resultado es el mismo de siempre: legalidad sin legitimidad.
Un procedimiento formalmente correcto pero socialmente cuestionado.
Un nombramiento que, en vez de fortalecer a la Justicia local, deja expuesta la fragilidad institucional del municipio.

Y hay un dato que no pasa inadvertido: mientras se la designa como jueza de la ciudad, Lamoglie reside en La Plata. Otro síntoma de cómo los cargos estratégicos en Berisso se asignan sin pensar en arraigo, conocimiento territorial o compromiso directo con la comunidad.

Cagliardi ya venía enfrentando críticas por su estilo de gestión, marcado por acuerdos cerrados, decisiones sin consulta y un manejo político que prioriza fidelidades antes que capacidades. El caso Lamoglie actúa como un espejo: refleja un municipio donde las formas se han convertido en un detalle y donde la transparencia es la excepción, no la regla.

El oficialismo podrá insistir en que todo se hizo “dentro del marco legal”. Pero gobernar no es apenas cumplir la letra fría de la ley: es garantizar que los procesos que afectan a la ciudadanía sean claros, abiertos y confiables. Sobre todo cuando se trata de quienes deben impartir justicia.

En Berisso, esa confianza volvió a quedar en duda. Y mientras la nueva jueza ya ocupa su despacho, otra pregunta comienza a instalarse con fuerza: ¿qué precio está dispuesto a pagar el gobierno de Cagliardi por sostener decisiones que erosionan la credibilidad de las instituciones que dice defender?