¡Otra vez la misma historia! Como un déjà vu político que ya vivimos en 2024, el Presupuesto 2026 de la Provincia de Buenos Aires está al borde del naufragio.

La tan anunciada doble sesión de la Cámara de Diputados bonaerense, crucial para el paquete de Ley de Leyes, Fiscal Impositiva y Endeudamiento, se encuentra paralizada y pasó a un cuarto intermedio sin fecha.

La principal traba: la intransigencia opositora ante la voracidad fiscal del oficialismo y el millonario endeudamiento que pide el Gobernador Axel Kicillof.

El bloque de Unión por la Patria (UP) logró sacar el dictamen favorable para las tres iniciativas, gracias al apoyo de aliados en la Comisión de Presupuesto.

Pero ese "palo y a la bolsa" inicial no alcanza: la verdadera pulseada política se juega en el recinto, donde necesitan dos tercios de los votos para aprobar la Ley de Endeudamiento, y ahí, la oposición puso la pica en Flandes.

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PRO y UCR: búsqueda de cargos vs. defensa del bolsillo

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Las conversaciones, lideradas por el Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y el diputado Mariano Cascallares (UP), buscaron ablandar a los bloques "dialoguistas" representados por el radical Diego Garciarena (UCR) y el PRO, con Matías Ranzini a la cabeza. Sin embargo, el tándem opositor no cede terreno fácilmente. La reunión de Labor Parlamentaria, símbolo del tironeo, se postergó varias veces, reflejando el bloqueo legislativo.

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Los puntos de quiebre que trabaron la sesión

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1. El "Impuestazo" de Ingresos Brutos (La Tasa Ranzini): El titular del bloque PRO, el zarateño Matías Ranzini, fue contundente al adelantar el rechazo a la reforma que elimina la exención de Ingresos Brutos sobre operaciones con títulos públicos y obligaciones negociables.

   "El kirchnerismo quiere recaudar más a toda costa, a expensas de quienes quieren invertir," sentenció Ranzini. Esta medida, según el PRO, "encarecería el financiamiento del sector privado", confirmando la posición de rechazo asumida por la bancada. La oposición no tolera que el Ejecutivo intente "imponer" este tipo de aumentos.

2. El Fondo para Intendentes (la batalla del radicalismo): La UCR, con Garciarena como referente, puso el foco en la discrecionalidad. Cuestionan que el Ejecutivo no haya puesto un monto fijo para los intendentes en el Fondo de libre disponibilidad para los municipios y que falten menciones específicas a obras pluviales esenciales en el proyecto. Quieren certeza, no promesas políticas.

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El Precio del Endeudamiento

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El oficialismo sabe que para destrabar los votos que le faltan (principalmente del PRO, la UCR y la Coalición Cívica), debe pagar un alto precio político. La gran apuesta de UP es un quid pro quo escandaloso: a cambio de que la oposición apruebe el millonario endeudamiento, el oficialismo ofrece una ampliación del Directorio del Banco Provincia.

El proyecto propone aumentar los cargos de 8 a 12, abriendo cuatro nuevos puestos estratégicos para la oposición. Este reparto de poder en el organismo financiero más importante de la Provincia es la llave que, se espera, doblegue la resistencia de los "dialoguistas". En paralelo, también se juega la renovación de la representación en el Consejo General de Educación, confirmando que cada voto se canjea por un cargo político.

Antecedente Nefasto: El fantasma del 2024 sobrevuela. El año pasado, el oficialismo también logró dictamen, pero los proyectos nunca fueron votados en el recinto. Pese a que esta vez la ingeniería legislativa fue distinta, blindando la instancia de comisión, la parálisis actual demuestra que la crisis de credibilidad y la falta de consenso siguen siendo el gran lastre de la Legislatura bonaerense.

La hora de la verdad se posterga: La Provincia de Buenos Aires está a la deriva presupuestaria. El Ejecutivo logró el dictamen con los votos de Unión por la Patria (con representantes como Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Marcela Basualdo y Micaela Olivetto) y algunos aliados como Martín Rozas (Unión y Libertad) y Gustavo Cuervo (Nuevos Aires).

Pero la verdadera pulseada se jugará cuando Kicillof logre, o no, que la oposición le firme el cheque del endeudamiento, y ponga fin a esta crisis política que amenaza con repetir el fracaso del año anterior.

La reciente negociación política entre el Ejecutivo bonaerense y la oposición para desbloquear el endeudamiento provincial no fue una mera disputa de números fiscales; fue una puja por el acceso a la caja política más codiciada de la provincia: el Directorio del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO).

La concesión del gobernador Axel Kicillof de ampliar la cúpula de la entidad de ocho a doce miembros no solo evidencia el valor estratégico de BAPRO, sino que obliga a un escrutinio forense de la razón fundamental por la que esos sillones son tan preciados: su remuneración.

El BAPRO funciona bajo un manto de autarquía financiera que lo exime de las Leyes de Empleo Público que rigen a la mayoría de los funcionarios provinciales. Esta excepción legal, consagrada en su Carta Orgánica, es la clave de bóveda de un esquema salarial diseñado para ser opaco y, a la vez, competitivo con el sector privado.

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La arquitectura del ingreso: Fijo vs. Variable

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El análisis contable revela una estructura de compensación dual que es intencionalmente engañosa para el ojo público y legislativo.

1. El componente fijo (el salario de fantasía)

Este es el único monto que, en general, trasciende en los reportes de transparencia activa. Es el salario base que se paga mensualmente. Si bien supera con creces cualquier sueldo de ministro o legislador, se estima que este componente fijo asciende a cerca de ARS 2.02 millones brutos mensuales.

Aunque esta cifra es alta, por sí sola no justifica la atracción de talento ni la polémica de los "salarios millonarios". Su función principal, para el esquema de BAPRO, es ser la porción del sueldo sujeta al control más directo, sirviendo como un "piso" de compensación que maquilla la magnitud de la cifra final.

2. El componente variable (el bono opaco)

Aquí reside la verdad financiera de los directores. El componente variable es una bonificación por productividad, o participación en las utilidades de la entidad. Es un mecanismo de incentivo a largo plazo heredado de las prácticas de la banca privada, donde los bonos representan la mayor parte de la compensación ejecutiva.

El Banco Provincia, siendo un generador de ganancias fundamental para el Tesoro provincial, justifica este bono como la herramienta indispensable para retener a profesionales que, de otra forma, migrarían a bancos privados o de inversión, donde la alta gerencia puede superar cómodamente los 20 millones o más por mes.

La revelación de la proporción: Nuestro escrutinio indica que, en ejercicios fiscales rentables (como los que se esperan al aprobar el nuevo endeudamiento), la remuneración total de un vocal del Directorio de BAPRO se proyecta en un rango de 7.5 millones mensuales por cargo.

Esto implica que el bono de desempeño representa entre el 65% y el 75% de la remuneración total anual del director.

Este mecanismo de bonificación es una verdadera "caja negra" financiera, ya que:

• Discrecionalidad interna: La metodología de cálculo y liquidación del bono se establece a través de resoluciones internas del propio Directorio y del Comité de Remuneraciones, quedando al margen de la ley de presupuesto o de la auditoría externa detallada de la Contaduría General de la Provincia.

• Ausencia de reporte consolidado: El BAPRO evita la publicación del Salario Anual Total (SAT) Consolidado, que incluiría el monto exacto del bono liquidado al cierre del ejercicio. Solo se reporta la cifra base, manteniendo el ingreso real del Directorio en las sombras.

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La moneda de cambio política y el costo ético

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La ampliación de la mesa del Directorio de 8 a 12 miembros, conseguida a cambio de la aprobación del endeudamiento, es la prueba de fuego del valor político de esta opacidad financiera. Kicillof no cedió "cargos", cedió cuatro nuevos puestos de trabajo que garantizan a sus ocupantes ingresos que están fuera de toda escala estatal.

El costo de este acuerdo es doble:

1. Costo Financiero: La Provincia asume el costo de cuatro remuneraciones de alto nivel, financiadas con recursos del banco, como pago por la "paz legislativa".

2. Costo Ético y Fiduciario: Se institucionaliza la falta de transparencia en el organismo de control financiero más importante de la Provincia. Los ciudadanos y la Legislatura deben confiar en un directorio que regula la gestión financiera provincial, mientras que su propia compensación escapa a un reporte claro.

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La única salida: transparencia obligatoria

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Desde la perspectiva del análisis contable y la ética periodística, la situación solo se puede remediar con un cambio de estándar. El BAPRO, como entidad pública con propósito social, debe migrar hacia una transparencia de nivel corporativo que no oculte su realidad financiera bajo el pretexto de la competencia de mercado.

Demandamos:

1. Publicación Obligatoria del Salario Anual Total (SAT): Reporte anual, auditado externamente, que consolide el salario fijo más todos los bonos y participaciones liquidadas a cada director, expresado como una única cifra integral.

2. Revelación de la Metodología: Hacer público el reglamento de cálculo del Componente Variable, detallando los objetivos de rentabilidad y desempeño que deben cumplirse para acceder a la bonificación.

Mientras el BAPRO siga escondiendo la mayor parte del sueldo de sus directores en un "bono opaco," la controversia política y la sospecha ética seguirán siendo tan grandes como sus ganancias. La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires tiene la obligación de fiscalizar que la autarquía financiera no se convierta en una patente de corso para el privilegio.