La Jueza de Faltas N°1 de Berisso, María Azul Lamoglie, quedó envuelta en una fuerte controversia tras exigirle formalmente al portal El Correo Gráfico la eliminación de una publicación que daba cuenta de una denuncia judicial en su contra. El pedido, realizado mediante carta documento y con un plazo de 24 horas, fue interpretado por el medio como un acto de censura directa y una presión inadmisible contra el trabajo periodístico.

Según pudo conocerse, la magistrada reclamó la supresión integral de la nota de todas las plataformas, una retractación pública y la prohibición de futuras publicaciones vinculadas a su figura. Incluso exigió que el portal no utilizara su imagen ni difundiera información similar en adelante, una pretensión que desató críticas por el uso del aparato judicial con fines restrictivos.

El medio respondió y denunció hostigamiento legal

Desde El Correo Gráfico rechazaron de plano el pedido, sosteniendo que no existe motivo legal para retirar la información y que la solicitud apunta a callar una investigación periodística sobre asuntos de interés público. También aclararon que la cobertura nunca tuvo contenido misógino ni burlesco y que el enfoque estuvo centrado en hechos institucionales, cargos, decisiones administrativas y nombramientos políticos.

Además, adelantaron que, si la jueza insiste en este camino, recurrirán a los organismos correspondientes para denunciar la maniobra como un intento de censura previa.

La situación dejó en evidencia una tensión recurrente: el uso de herramientas judiciales para disciplinar a la prensa. El episodio reactivó críticas sobre el accionar del Poder Judicial local y sobre la particularidad del nombramiento de Lamoglie, un proceso que ya había sido señalado por su falta de transparencia y vínculos políticos.

La discusión trasciende el hecho puntual. Se trata del derecho a informar y ser informado, principios garantizados por la Constitución Nacional y por tratados internacionales que el país reconoce. La intervención de la magistrada no solo puso en foco su posición frente a la crítica pública.

Mientras el conflicto sigue escalando, el episodio deja una señal preocupante: cuando la información toca intereses sensibles, la respuesta no debería ser el silencio impuesto ni el disciplinamiento judicial. La discusión ahora está instalada y promete seguir incomodando a más de uno dentro del tablero institucional berissense.