La investigación judicial apunta a ABSA por el presunto vuelco de miles de litros de efluentes cloacales sin tratamiento al Río de la Plata, en el límite de la avenida 66, un punto crítico que expone a Berisso, gobernada por Fabián Cagliardi, pero también afecta a Ensenada y sectores de La Plata. El sistema, diseñado a comienzos del siglo XX, opera muy por debajo del caudal actual y arrastra denuncias desde hace más de una década.

Organizaciones ambientalistas alertan sobre la presencia de sólidos cloacales, olores intensos y mortandad de peces. Estudios citados por especialistas del CONICET detectaron niveles bacteriológicos muy por encima de lo permitido y restos de fármacos y microplásticos en especies del río. La planta de pretratamiento, inaugurada en 1999, resulta insuficiente frente al volumen de efluentes.

Denuncias y pedidos políticos

La ONG Nuevo Ambiente denunció que dejaron de utilizarse los tamices —el único filtrado existente—, lo que implicaría descargas directas sin ningún tipo de tratamiento. En paralelo, el senador Marcelo “Chuby” Leguizamón presentó un pedido de informes al Ejecutivo de Axel Kicillof, que aún no tuvo tratamiento legislativo.

Desde la DIPAC, el Gobierno provincial explicó que la obra está “neutralizada” por revisiones técnicas y cambios de materiales, mientras la Justicia dictó una medida cautelar para implementar un plan provisorio financiado con tarifas. Para los denunciantes, las demoras agravan un daño ecológico acumulativo y exponen a la población a un riesgo sanitario evitable.