La industria argentina atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas y los indicadores confirman una crisis que dejó de ser coyuntural. En octubre, la utilización de la capacidad instalada cayó al 61%, el registro más bajo desde 2002. En ramas sensibles como la textil, el nivel de actividad se desplomó por debajo del 33% del potencial productivo.

La capacidad instalada mide cuánto puede producir una planta con su maquinaria y personal disponibles. Cuando ese nivel se reduce, las líneas se detienen, pero los costos fijos permanecen. Con el correr de los meses, los márgenes se evaporan, la inversión se posterga y el cierre aparece como una amenaza concreta.
 

Empresas que desaparecen y empleo que se pierde
 

Entre noviembre de 2023 y septiembre de 2025 cerraron 19.114 empresas en todo el país, según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ese proceso derivó en la pérdida de más de 264.000 puestos de trabajo registrados.

El impacto cotidiano de la crisis resulta contundente: equivale a casi 29 empresas cerradas por día, unas 1,2 por hora. En paralelo, el empleo formal se reduce a un ritmo promedio de 394 personas por día, alrededor de 16 trabajadores por hora que dejan de figurar en el sistema registrado.

La tendencia no se detiene. De acuerdo a la Secretaría de Trabajo, en los últimos cuatro meses relevados el empleo asalariado privado acumuló una caída de 49.000 puestos. Solo en septiembre se perdieron 10.700 empleos formales, confirmando que los despidos y cierres ya no son episodios aislados, sino parte de un proceso sostenido.

La destrucción del entramado productivo se concentra en sectores clave: construcción, industria manufacturera y comercio. En la construcción, la parálisis casi total de la obra pública y el fuerte aumento de los costos generaron un freno abrupto. En la industria, la apertura de importaciones y la caída del consumo interno profundizaron el deterioro.

La cadena de pagos, al límite

Un síntoma crítico se observa en la cadena de pagos. Una encuesta difundida por la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que casi la mitad de las empresas industriales tiene dificultades para afrontar salarios, impuestos o compromisos con proveedores. En el 8,2% de los casos, los problemas abarcan todos esos frentes.

Según el relevamiento, el 47,5% de los industriales admitió inconvenientes para cumplir al menos una obligación principal. Los impuestos encabezan la lista, con un 29,3%, seguidos por proveedores, con un 26,7%. En el último trimestre, además, se registró un incremento de entre el 30% y el 40% en los cheques rechazados.

Entre los casos emblemáticos aparece Bodega Norton, que acumuló más de 40 cheques rechazados por un total de 618 millones de pesos y una deuda bancaria superior a los 42.000 millones. El informe también advierte que las pymes son las más afectadas, con cobros al Estado que se estiran entre 30 y 90 días.

La crisis industrial se coló con fuerza en la agenda de la UIA. Los principales dirigentes del sector se reunieron en la sede de la avenida de Mayo en un clima de preocupación explícita. Los informes internos reflejaron una caída sostenida de la actividad manufacturera y del empleo, agravada por la retracción del consumo, la apertura importadora y el encarecimiento del crédito.

La reunión fue extensa y tensa. Representantes de distintas cámaras advirtieron, en reserva, que el parate se siente “en todos los niveles”, desde las pymes hasta los grandes grupos. El presidente de la entidad, Martín Rappallini, evitó declaraciones altisonantes, pero reconoció que “la situación es compleja”.

Puertas adentro, el diagnóstico es compartido: la industria está pagando el mayor costo del ajuste y el deterioro ya no se expresa solo en números, sino en fábricas apagadas, empresas que desaparecen y empleo que no se recupera.