El bloque de concejales del PRO en el Concejo Deliberante de La Plata presentó un proyecto de ordenanza que propone hacer obligatoria la portación de pistolas Taser para agentes municipales que dependen de la Secretaría de Seguridad y de la Secretaría de Control Urbano y Convivencia. La iniciativa fue ingresada este lunes y ya genera cuestionamientos por su enfoque represivo y su impacto sobre los derechos ciudadanos.

El proyecto lleva la firma del presidente del bloque, Nicolás Morzone, junto al edil Iván Zanetto, y plantea autorizar al personal municipal al uso de armas no letales en la vía pública, siempre que cuenten con una capacitación previa brindada por el propio Municipio. La propuesta apunta a dotar a agentes locales de herramientas que, hasta ahora, están reservadas principalmente a fuerzas policiales.

Según el artículo 1°, la obligatoriedad alcanzaría a todo el personal de las áreas mencionadas, aunque el texto también deja abierta la posibilidad de extender el uso de Taser a otras secretarías que cuenten con empleados con “poder de Policía” para garantizar el cumplimiento del Código de Convivencia Municipal. Este punto encendió alarmas por la amplitud del criterio y la eventual expansión del uso de armas en distintas dependencias del Estado local.

El proyecto establece que las pistolas Taser podrán utilizarse en situaciones de defensa propia o de terceros ante una “amenaza inminente”, frente a contraventores que se resistan a la autoridad municipal o en operativos conjuntos con la Policía Bonaerense, siempre bajo coordinación provincial. Para los críticos, el texto legitima un corrimiento peligroso del límite entre control administrativo y uso de la fuerza.

En cuanto a las restricciones, se prohíbe el uso de estas armas sobre personas esposadas o inmovilizadas, embarazadas, menores de edad o personas con discapacidad, salvo en casos de “peligro extremadamente grave”. Tampoco se permite apuntar a zonas vitales como cabeza, cuello, rostro o entrepiernas.

La iniciativa también fija requisitos para los agentes habilitados: al menos dos años de antigüedad en el Municipio, autorización mediante decreto refrendado por el intendente e inscripción en un registro público. Además, prevé capacitaciones obligatorias y continuas en resolución de conflictos, mediación, técnicas disuasorias, RCP, primeros auxilios y derechos humanos.

Más allá de las formalidades, el proyecto volvió a poner en discusión el modelo de seguridad que impulsa el PRO en la ciudad. Mientras la oposición plantea armar a los agentes municipales, crecen las críticas por la falta de inversión en prevención social, abordaje integral de los conflictos y fortalecimiento de políticas públicas que no tengan como eje central el uso de la fuerza.